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Quiebra para acabar el rescate sin fin

Con una mayoría ajustada, el Gobierno griego sacó ayer adelante un nuevo paquete de medidas de austeridad como le exigían la Unión Europea y el FMI. La quiebra, la insolvencia inmediata del país, se evitó al precio de masivas subidas de impuestos, draconianos recortes de gasto público y gigantescas privatizaciones en áreas vitales. Luz verde a un nuevo tramo del rescate que inyecte liquidez y que, temporalmente, alivie los mercados, haga subir las bolsas y la UE se tome un respiro de tranquilidad. Pero el nuevo plan de hiperausteridad no tiene, en absoluto, el consenso nacional del pueblo griego. Con un Parlamento protegido de sus propios ciudadanos, en medio de la enésima huelga general, con fuertes enfrentamientos y un sentimiento público mayoritariamente hostil, los griegos creen que están siendo castigados por las malas decisiones y las prácticas corruptas de gobiernos actuales y pasados.

Así las cosas, cabe preguntarse si la decisión parlamentaria de ayer significa el fin de la historia de la crisis griega: de ninguna manera. O si supone una manifestación de solidaridad fraternal en la eurozona: posiblemente, no. O si no hay otro escenario que el de un rescate tras otro en una crisis de nunca acabar; las alternativas existen.

El proceso de rescate a Grecia lo lideran franceses y alemanes no porque sean sólo las economías más grandes de la eurozona, sino fundamentalmente porque sus bancos son los que más tienen que perder ante una eventual quiebra. Grecia, sin embargo, no necesita el dinero para pagar los intereses de su deuda, sino para asegurar el gasto corriente del Estado. ¿Es tan mala la quiebra para Grecia? Declarar ahora la quiebra significaría que Grecia podría conseguir que su propia recaudación sufrague el gasto corriente y poner fin a la espiral suicida que padece. Ganaría mucho poder y maniobrabilidad para dictar nuevos términos en la restructuración y pago a sus acreedores: para alargar plazos, renegociar tipos de interés y no pagar lo que no se debe pagar. Una decisión de buena gobernanza al alcance de todo estado soberano.

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