Los representantes sindicales son desalojados del pleno de Barakaldo
GARA | BARAKALDO
Representantes sindicales fueron desalojados ayer del pleno de Barakaldo cuando reclamaban la convocatoria de una mesa de negociación. CCOO, ELA, LAB y UGT mantienen su «unidad de acción» en el conflicto que enfrenta al Ayuntamiento con los cerca de 700 trabajadores de la plantilla municipal como consecuencia del «incumplimiento unilateral» del convenio.
Los sindicatos continúan con el calendario de movilizaciones, una vez elegida la nueva corporación tras las elecciones municipales del día 22 de mayo.
Ayer, todos los delegados sindicales del Ayuntamiento, a los que se unió el comité de USOA, protestaron en el salón de plenos para exigir la convocatoria de la mesa de negociación y el cumplimiento de los acuerdos. El alcalde Tontxu Rodríguez (PSE) dio la orden de desalojo a la Policía Municipal y continuó, posteriormente, la sesión a puerta cerrada.
En una nota remitida por CCOO -central mayoritaria- se recordó que «después de cinco meses sin respuesta» del Gobierno municipal, los trabajadores han decidido continuar con las movilizaciones a lo largo de este tiempo y se han producido encierros en el Ayuntamiento, asistencia a plenos de toda la plantilla -de los que han sido desalojados-, concentraciones frente al Consistorio y la Junta de Gobierno, manifestaciones hasta la Plaza Bide Onera y «otros actos de protesta internos».
Además, los trabajadores continúan luciendo como símbolo de protesta y reivindicación lazos verdes, camiseta blanca y pañuelo amarillo.
Los sindicatos pretenden «forzar» la negociación de un calendario para dar cumplimiento al convenio firmado en 2008 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.
Rechazan las acusaciones de querer negociar mejoras laborales «y mantener sus privilegios», exigen el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, denuncian una reducción salarial real del 9,5% y la privatización de los servicios municipales que ha generado una plantilla paralela cercana a los 700 trabajadores, con unas condiciones laborales precarias e inestables y la valoración de puestos prevista en convenio «que se están retrasando permanentemente».