El policía 92.840 sostiene que perdió la pista de Arnaldo Otegi aquel 30 de abril de 2009 en que, como el mismo acusado ya ha admitido, acudió a Ezpeleta para entrevistarse con el militante de «la Batasuna legal» Jokin Etxeberria. De momento, lo que está claro es que el agente sí se perdió ayer en la sala de vistas.

La tercera jornada del juicio se limitó a tomar testimonio a policías que participaron en vigilancias, pinchazos telefónicos o seguimientos a los acusados. Y en este punto, uno de los elementos que la Fiscalía esgrime es que Arnaldo Otegi, Rafa Díez o Arkaitz Rodríguez pasaron la muga unas pocas veces. Ellos lo han reconocido y han explicado por qué y para qué: para contactar con militantes políticos del otro lado de la muga y transmitirles su apuesta por un cambio de estrategia y por un debate interno. Sin embargo, para las FSE cruzar el Bidasoa nunca puede ser algo inocuo, y menos si una de las personas visitadas es un ex preso como Etxeberria, aunque hoy no haya cargo alguno contra él y, de hecho, vaya a testificar en este juicio.

Es ahí donde llegamos al dichoso camino de cabras. Y es que el policía 92.840 indicó al tribunal que sí, que efectivamente Otegi y Díez se habían reunido con Etxeberria en Ezpeleta, pero que luego emprendieron un camino «por una carretera comarcal», lo que ya les resultó sospechoso, y que lo hicieron además con «una conducción anormal» dado que iban «demasiado despacio». No obstante, la Policía no puede acreditar qué hicieron después, porque les perdió la pista.

Para entonces, en la sala de vistas ya se escuchaban risas por las evidentes contradicciones del relato. El abogado de la defensa Iñigo Iruin quiso saber por qué le pareció extraño que fueran por una carretera comarcal (dado que, entre otras cosas, no ha otra vía mayor por allí). El policía elevó entonces su versión e insinuó que los perseguidos circulaban por un camino muy estrecho, de un solo sentido. «¿Un camino de cabras, entonces?», se interesó Iruin. «No, de cabras no, natural, pero de tierra», replicó el policía. «¿De tierra? Pues no pone nada de eso en su atestado...».

Pero la contradicción mayor era otra: «Si iban muy despacio, ¿entonces por qué les perdieron?», apuntó Iruin. «Es que la conducción era anormal», alegó el policía. «Ya, pero ¿qué hacían? ¿Iban por la cuneta? ¿Ellos se saltaban obras y ustedes no?», prosiguió Iruin, antes de un elocuente «no hay más preguntas».

Su compañero con el número de chapa 66.786 también se había dado de bruces con la lógica... y con las preguntas del letrado Kepa Landa. Aseguró que siguió a Otegi y su amigo Santi Orue desde Elgoibar, y que le pareció evidente que tomaban medidas de vigilancia. «¿Cuáles?», le pidió el fiscal. «Mirar al salir de casa, andar, darse la vuelta... siempre hacen eso», dijo con aparente seguridad. Pero entonces llegó el turno de Landa: «Oiga, ¿acaso iban disfrazados?» «No»; «¿Cambiaban de coche?» «No»; «¿Iban entonces con el suyo?» «Sí»; «¿Iban por la autopista?» «Sí»; «¿Pagaban los peajes?» «Supongo».

Más absurda e irrelevante aún resultó la aportación de otros policías que, por ejemplo, dieron cuenta de que habían participado en vigilancias de actos de campaña de Iniciativa Internacionalista para las europeas de 2009. Dijeron que vieron allí a miembros de la izquierda abertzale, algo bastante normal si se tiene en cuenta que el mitin principal de aquellas dos semanas lo protagonizó Arnaldo Otegi en Iruñea. Uno de ellos apostilló que en un acto en Galdakao había divisado ¡una banderola por los presos!

Más trabajo en balde: uno de los policías contó que vio a Otegi bajar de su casa, juntarse con Orue y entrar en un bar donde cree que se reunieron con alguien. «¿Sabe quiénes eran?» «No»; «¿Y escuchó de que hablaban?» «Tampoco». Otros pasaron por la sala para avalar escuchas telefónicas de las que no sale ningún dato relevante para la causa. Lo más significativo fue que admitieran que se basaron en el sistema Sitel, ése que hasta el PP considera ilegal cuando se espía a los suyos.

Porque espiar, espiaron de lo lindo. Eso sí quedó claro. A uno de los agentes se le preguntó por qué iban detrás de Otegi y admitió que «no teníamos una finalidad concreta». Porque sí. El líder independentista preso echó mano de su sorna habitual en su declaración del lunes, y hasta hizo reír a los jueces, cuando explicó que el coche de uno de sus amigos con el que viajaba a menudo «era el más balizado del Estado español. Estoy seguro de que cada vez que se inventaba algo nuevo, el primer sitio en que se probaba era el coche de mi amigo». Otegi apuntó también sarcásticamente que los policías y él «hasta comíamos juntos, eso sí, en mesas separadas». Y la presidenta, Ángela Murillo, debió quedarse con la anécdota porque ayer le preguntó a uno de sus perseguidores «si han coincidido comiendo». Bien mirado, quizás Murillo sólo quería ponerle la guinda al esperpento policial.

Bromas y detalles a un lado, la cuestión es que por la sala pasaron ayer muchos policías (hasta doce) y no apareció nada que se asemeje a una prueba. En buena lógica, y teniendo en cuenta el despliegue policial tras estos ocho militantes, eso lleva a la conclusión contraria: no hicieron nada delictivo.

Están probadas, eso sí, actividades públicas o reconocidas, como los actos electorales, las reuniones en Ipar Euskal Herria, el impulso al Aberri Eguna, al 1º de Mayo, a la huelga general posterior... Nada de ello es negado por quienes se sientan en el banquillo. Al contrario, han explicado que todos esos elementos eran la consecuencia lógica del afán de potenciar la suma de fuerzas y mostrar que su propuesta era factible.

Los policías-testigos se marcharon por donde habían venido tras hacer perder a todos un día de calendario. La Fiscalía terminó renunciando a ocho de los veinte citados inicialmente, y otro se salvó del bochorno general porque se acaba de casar.

Con todo, por la sala pasarán más policías la próxima semana, y esos sí que serán la última baza de los acusadores. Se trata de los citados como peritos, no como testigos. Es decir, los que han hecho los «informes de inteligencia» en que se basa la tesis fiscal del sometimiento a ETA, y no los «informes de a pie» que no llevan a ninguna prueba de nada. Porque éste, como tantos otros macroprocesos políticos anteriores contra organizaciones vascas pero de una forma todavía más marcada, no es un juicio basado en realidades objetivas, sino en tesis subjetivas y preconcebidas. Cualquier intento de buscarles un cierto soporte probatorio material, como se vio ayer, acaba perdiéndose en un camino de cabras sin salida posible.