Representantes de SOS Racismo presentaron ayer en Bilbo el informe anual 2011 sobre racismo en el Estado español, con una mención especial a la situación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En base a los datos del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), se destaca el hecho de que el 61,4% de la ciudadanía consultada en 2010 consideraba que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a la seguridad ciudadana, lo que supone diez puntos más que en 2009.

Respecto a la Ley española de Extranjería, destaca la «cada vez mayor implicación» de agentes de las policías municipales de Bilbo y Donostia en redadas e identificación de extranjeros. En cuanto a la prestación de servicios a esta población, se apunta que es pronto para saber cómo les afectará la supresión del servicio público Heldu y la reordenación de los recursos sociales del Ejecutivo de Lakua.

SOS Racismo constata que, como en años anteriores, se mantiene una conflictividad de «baja intensidad» en barrios, que «estalla de vez en cuando y exterioriza el rechazo» al inmigrante. Éste es, puntualizan, el caso del barrio de La Arboleda, en Trapagaran.

Sobre las agresiones racistas, el dato que destaca este organismo en su análisis anual no es la cantidad, sino la gravedad de algunas de ellas.

Un caso concreto acerca del que llaman la atención de la opinión pública es la «indiferencia» de los testigos ante la agresión que sufrió una mujer de origen uruguayo en el interior de un convoy del metro en la capital vizcaina.

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, SOS Racismo recuerda la resolución del Parlamento de Gasteiz, de abril de 2010, «para la distribución provincial de menores en base a cupos», en la que ve un «afán de quitarse menores como si se tratara de residuos tóxicos». Así, mencionan lo ocurrido en Araba con las pruebas de edad «realizadas al margen de cualquier procedimiento legal» y que contó con la crítica «incluso del fiscal provincial y del Ararteko».