Un periódico de tirada estatal, cuyo consejo de administración se autodefine como «independiente pero no neutral», abría portada el pasado 17 de julio afirmando que el Gobierno español baraja la hipótesis de ilegalizar Bildu basándose en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) aprobada el pasado mes de enero.

Esto no es sólo una hipótesis que baraja la reacción española, es otra cosa bien distinta. Es un caballo en el tablero, lleno de movilidad, preparado para hacer daño. Es una muestra más de que el continuismo es la médula del sistema político español, ya que, talantes aparte, no se observa fragmentación alguna en lo que a contenidos se refiere, con la historia vivida en las últimas tres décadas.

Esto nos dice que la democracia es algo por venir y que, además, permanecerá indefinidamente perfectible e insuficiente -ya que, de hecho, no deja de ser una promesa-, se mantendrá en el tiempo como algo que no ha llegado, que está por llegar. Es decir, aun cuando «haya» democracia, ésta no existe.

Es, pues, esto que llamamos democracia un proceso inacabable en el que tienen cabida multitud de idearios y filosofías, con cuya praxis podemos encontrarnos sistemas como el actual. Sistemas que desarrollan un entorno progresivamente nihilista, que defiende sus intereses fomentando una sociedad claramente víctima del marketing, donde las ideas son juguetes y las palabras carecen de seriedad. Un sistema donde sólo quienes pertenecen a la «tribu» y pueden apelar a determinada experiencia acumulada tienen posibilidades de combatir y progresar.

Un sistema que se degrada a sí mismo, adoptando como propios comportamientos fuera de lo racional. Un sistema que eleva a la cúspide de la democracia a personajes que con sus excesos -no sólo verbales- muestran la inequívoca inducción del típico burgués contrarrevolucionario.

Un sistema que hace buena una filosofía que piensa y pronuncia frases como las que se escuchan procedentes de algunos de sus ministerios, evoca la visión del pasado, es más, nos traslada a él. Acaso el sistema, a través de uno de sus portavoces más cualificados, propone otra victoria del totalitarismo, ya que en sus juicios públicos se separa y huye premeditadamente de la realidad, situándose muy próximo a la filosofía que caracterizó los sucesivos «gabinetes» del golpista Franco. Se les ve cómodos actuando como ariete de ese tinglado que hoy tiene por gestor al Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero.

Un sistema en el que, por contra, algunos de sus eruditos no dudan en afirmar que una de las misiones más estimulantes del trabajo jurídico «es» la interpretación de las leyes, de forma que permita extender bajo su seno el ámbito de la libertad y correlativamente el control en justicia de los poderes públicos desbocados.

De lo que pudiera deducirse que la grave extralimitación autoritaria constituye una violencia injustificada contra la «esencia» democrática, así como contra el ciudadano, sujeto de su protección.

Algo parecido opinaba hace ya algunos siglos un jurista llamado Bártolo, que utilizaba con frecuencia el aforismo ius ex facto oritur, algo así como «el derecho nace de la vida». Con esto decía querer subrayar que el Derecho debe ir detrás de la vida, pues de lo contrario ahoga y arruina la iniciativa social.

Quizá es el momento de recordar que hay valores que no se pueden negociar, sólo defender. Vivimos una época de «pactos». Un sistema en el que entran monárquicos y republicanos, izquierdas y derechas. Un sistema plagado de tópicos, talantes, frases hechas y actitudes estudiadas. Un sistema verdaderamente «gelatinoso», en el que el sufragio universal se mezcla con el caciquismo consiguiendo evitar el pensamiento disidente. Un sistema tan actual como fosilizado, donde el voto del ciudadano puede llegar a ser tan irrelevante que no importa negárselo.

La filosofía de los pactos que dicen pretender la estabilidad no puede servir de lanza para sacar de la escena política a un adversario que defiende su programa y sus convicciones mediante procedimientos democráticos, avalados por cientos de miles de ciudadanos y décadas de gestión institucional.

Es esta filosofía de pactos plagados de oscuras incógnitas y mucha «bastardilla», que el tiempo se encarga de despejar, lo que induce a personajes como el Sr. Urkullu a tomar parte en el tinglado. Es la otra «cara» del pacto, la que cierra el acuerdo. La que pretende ignorar, e ignora, que nadie que se diga demócrata está legitimado para imponer condiciones en el camino de recuperar la paz y la libertad. Mucho menos para acusar de no serlo a quien no acepta la imposición. Eso supone, de hecho, negar lo que se dice pretender, además de manipular la democracia.

Hay procesos que parecen renovarse intactos en el transcurso de los siglos. Gestos que con pequeñas diferencias propias del paso del tiempo repiten matemáticamente el pasado. Son procesos que no fallan nunca. Hoy les basta con señalar, con exigir, para que quienes sienten el alivio de no ser ellos los acosados se sumen al acoso de la canina jauría.

Desde sus despachos se filtra, cada vez de manera más eficaz y repugnante, la oleada totalitaria que invade el sur de Euskal Herria. Un infierno para los perseguidos y una vergüenza para quienes «todavía» se sienten aliviados.

Sólo en un régimen ajeno a la democracia puede prosperar el que alguien con representación ministerial considere una guía democrática de comportamiento señalar, acusar y acorralar a personas y colectivos ante la opinión pública sin el más mínimo rigor ni respeto alguno a la presunción de inocencia, uno de los valores máximos que predica la Constitución que dicen defender.

Toda esta serie de razones que expongo me hacen llegar a la más firme convicción de que la estrategia del PSOE es errónea. No puede ser de otra forma. Si se cierra la puerta a toda solución de diálogo, cuando se anula toda vía de negociación, sólo quedan dos caminos: la sumisión por la opresión o la resistencia por la violencia, y en Euskal Herria esto no lo quiere nadie.

Hoy sería un error irreversible -no sólo para los vascos, también para los españoles- buscar y provocar la violencia como acción política para intentar deslegitimar los derechos democráticos que como nación sin estado nos asisten a los vascos.

Fue Benito Juárez, un indio de humilde condición, que nació en 1806, cuando México era todavía el virreinato de la Nueva España, que durante su niñez hablaba solamente zapoteco, pero que con su esfuerzo llegó a ser presidente constitucional, quien afirmó lo que hoy he querido recordar en la cabecera de este artículo: «El respeto al derecho ajeno es la paz» .