Los mercados, ese ente que nadie ha visto pero que causa estragos en la economía de muchos países, no se han dejado convencer por los recortes aplicados en los países que se enfrentan a elevados déficits, ni por los acuerdos en el seno de la Unión Europea frente a la crisis ni por el acuerdo Estados unidos para evitar la suspensión de pagos. En el caso del Estado español, tampoco el adelanto electoral ha evitado el acoso de los inversores. La prima de riesgo española alcanzó ayer los 403 puntos básicos -aunque terminó en 386-, sobrepasando un límite que se considera referencial a la hora de abordar la necesidad de rescate de un país, si bien la Comisión Europea negó que contemple un plan de rescate para el Estado español, rescate que, como en el caso italiano, supondría como poco un serio problema para la eurozona, y se mostró convencida de que el Gobierno español tomará las medidas necesarias «para que la economía vuelva a su cauce».

Esa convicción de la Comisión Europea no resulta nada tranquilizadora a la luz de las duras medidas y reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Madrid hasta la fecha para la recuperación económica que pretende, ya que, además de haberse revelado contraproducentes para el crecimiento económico, se traducen en una serie de recortes sociales y laborales, la reducción de derechos de los trabajadores y de los ciudadanos más necesitados. En efecto, las medidas adoptadas por el Gobierno español no han servido para alejar el peligro que pretendían evitar y que ahora acecha con más intensidad que nunca; una y otra vez la desconfianza de los inversores financieros vuelve a la carga y amenaza con el derrumbe económico. En esa situación, resulta inevitable mirar a Grecia.

Por desgracia, la respuesta de la mayoría de gobiernos, obsesionados por reducir el déficit público, se concreta en políticas económicas y fiscales que, en el Estado español o en Estados Unidos, consisten en privar de protección a los más desprotegidos.