Representantes de SOS Bebés Robados se reunieron ayer con el diputado guipuzcoano de Política Social, Ander Rodríguez, y el director general de Derechos Económicos, Protección a la Infancia, Inserción Social y Empleo, Jon Lasa, al objeto de recabar apoyo de la institución foral. Rodríguez puso a disposición del colectivo todos los recursos con los que cuenta la Diputación, en un intento por ayudarles en la búsqueda de menores que supuestamente fueron separados de sus progenitores al poco de nacer y dados en adopción sin su conocimiento.

«Estamos a su disposición. Tramitaremos con diligencia todo lo que podamos», manifestó el responsable de Política Social.

De esta manera, Bildu cambiará la actitud mantenida hasta ahora por la Diputación hacia las peticiones de SOS Bebés Robados. Así, por ejemplo, se abrirá el registro de la Casa Cuna de Fraisoro, para que particulares -las personas adoptadas o con la autorización pertinente del afectado- puedan acceder a información que aclare supuestos casos de adopción irregular.

En cuanto a los expedientes de adopción efectuados con intervención de la Diputación guipuzcoana y con resolución judicial, se revisarán los que se estime necesario. En estos casos, existe un protocolo de actuación consensuado técnicamente, en el que se establece el procedimiento por el que los interesados pueden acceder a los datos de filiación biológica.

Este procedimiento les fue explicado y, a continuación, se les animó a dirigirse al Departamento de Política Social para aclarar dudas, todo ello «en un clima de relación fluida», aseguraron desde SOS Bebés Robados.

Protocolo estatal

Por otro lado, el Ministerio español de Justicia ha establecido un protocolo de atención a las personas afectadas por los casos de las adopciones irregulares y sustracciones de recién nacidos.

Dado la repercusión social que están teniendo los casos y el número elevado de los mismos, el Ejecutivo ha establecido los cauces para impulsar las investigaciones que permitan determinar en cada caso si se produjeron o no los delitos denunciados, así como poner a disposición los medios técnicos existentes para, en su caso, posibilitar la identificación de los verdaderos progenitores y de sus hijos e hijas.

El Ministerio ha ofrecido a los afectados la posibilidad de facilitarles la oportuna identificación a través de los métodos científicos de investigación del ADN de que dispone el Instituto Nacional español de Toxicología y Ciencia Forense.