La responsable de Emakunde subrayó ayer que la potestad para decidir las medidas de protección a las mujeres víctimas de la violencia machista depende de los jueces y no se pueden generalizar, tal y como han propuesto en los últimos días colectivos de escoltas y de mujeres.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, María Silvestre explicó que, quien tiene potestad para fijar la medida de protección a las mujeres maltratadas (escolta, pulsera u órdenes de alejamiento es el juez a través de una sentencia, y la solicitud de vigilancia para el agresor es «más compleja».

«No puedes establecer medidas que se ajusten tan a la carta a cualquier situación sin atentar contra los principios básicos del Estado de Derecho», señaló en referencia a la garantía de la presunción de inocencia y el respeto a una sentencia judicial.

«Es muy complejo establecer medidas que se ajusten a situaciones concretas, por muy evidentes que nos resulten, porque es peligroso hacer excepciones en un Estado de Derecho», remarcó, para poner como ejemplo que «si un juez decreta una medida inferior a dos años a un hombre maltratador y éste no tiene antecedentes, le pone en la calle, por lo que no puede ponerle escolta porque supuestamente está en libertad».

Silvestre apuntó que una manera para ajustar el tipo de medida a adoptar sobre la víctima es trabajar «muy en serio» en la metodología de medición del riesgo. Precisó que, tanto Emakunde como Lakua y la comisión de seguimiento interinstitucional acometen una revisión y reflexión «constantes» sobre los puntos de mejora en la atención y seguridad a las mujeres.

En ese sentido, quiso reiterar que una mujer en riesgo de ser agredida es escoltada, y ésta «se siente segura» pero que, si se le pone el escolta al agresor, se trata de una vigilancia, y ésa es una cuestión «más compleja legalmente si se quiere mantener el Estado de Derecho».

Con control judicial

La directora de Emakunde salió así al paso de las manifestación efectuadas por la Asociación Clara Campoamor, en las que se apostaba por el control de los agresores, no de las víctimas. «El servicio de escolta, que hace muy bien su trabajo, a quien tiene que seguir es a él, no a ella», declaró el martes su presidenta, Blanca Estrella Ruiz, quien señaló que este tipo de medidas deben aplicarse como «control de los maltratadores» con «mandato judicial» y con «control judicial», cuando «no sea posible que funcionen otras medidas como las pulseras, etc». Ese protocolo no tendría que suscitar objeciones como las planteadas ayer desde Emakunde.

Estrella Ruiz indicó que entienden que «no puede haber ni policías ni ertzainas dedicados en exclusiva a seguirles, pero los escoltas harían una buena labor y están preparados para ello».

Representantes de Clara Campoamor se reunirán en setiembre con las organizaciones de escoltas que funcionan en Hego Euskal Herria para analizar la protección de las víctimas de violencia de género mediante servicios de guardaespaldas, algo que ha suscitado muchas reticencias, como las expresadas ayer por María Silvestre en su entrevista en Radio Euskadi.

En las conversaciones previstas, se analizarán las distintas posibilidades de aplicar esta propuesta y, además, se planteará que se imparta un curso de formación en la CAV. Según las organizaciones de escoltas, cerca de 45 personas realizan en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa labores de protección a mujeres víctimas de violencia de género.

Apoyo a menores

En otro orden de cosas, la directora de Emakunde se manifestó ayer favorable a priorizar el bienestar de los menores en los casos de reparto de custodia, si bien considera que «el ideal es la compartida», aunque, en ocasiones, apostilló, es «muy difícil llevarla a la práctica».

Para el próximo año, los ejes de actuación de Emakunde en la lucha por la igualdad serán cuatro: vincular la igualdad de oportunidades con la crisis económica y con la empleabilidad femenina; la discriminación múltiple, centrada en los colectivos que sufren en mayor medida la desigualdad (discapacitadas, inmigrantes, entre otros); la eficacia y la eficiencia en la gestión pública; así como la internacionalización con el intercambio de buenas prácticas y el conocimiento.