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Sabino Cuadra Lasarte | Abogado

Caja Navarra-Banca Cívica: tocomocho foral

A un mes de la salida a bolsa de Caja Cívica, el autor hace un detallado balance de la evolución y los resultados de una operación que, más allá de las cortinas de humo publicitarias, y sin olvidar las retribuciones millonarias y los sueldos de infarto de sus impulsores, considera que ha sido un batacazo monumental. Repasa la espantada del tiburón financiero JC FLowers, el fiasco del intento de instalarse en EEUU o la perdida de hasta un 20% en la cotización. Ante esta realidad, reclama contra los responsables del despropósito medidas políticas y penales para concluir pidiendo que el Parlamento Foral tome cartas en el asunto.

Hace tan solo un mes que Banca Cívica salió a bolsa. Su cumplía al fin el objetivo por el que habían venido batallando sus actuales directivos desde hace un año. Desde entonces hasta ahora, el valor de sus acciones ha bajado un ¡20%!

Dicho de otro modo, quienes aconsejados por los directores de las oficinas en las que tienen sus ahorros invirtieron en acciones, pongamos, 10.000 euros, hoy en día cuentan tan solo con 8.000. ¡Así es la Bolsa, amigos!

Junto a esta noticia, otra referida a Banca Cívica ha aparecido estos mismos días: la Comisión Nacional del Mercado de Valores informaba que durante los seis primeros meses de 2011, los ingresos de los veinte principales directivos de la entidad habían crecido un 46% respecto al mismo período de 2010. Es decir: el negocio no anda bien, pero a los negociantes les va de cine.

Sanz, Barcina y los demás políticos que impulsaron el proceso de privatización de Caja Navarra, así como Goñi, Asiain y los demás directivos que la han llevado a cabo, han vendido humo a los impositores de la entidad y a la ciudadanía navarra con sus continuas campañas de marketing llenas de huecos eslóganes («tú eliges, tú decides») y envueltas en fatuas autoalabanzas de modernidad. Mientras tanto, claro está, «ellos elegían, ellos decidían» llenar sus bolsillos con retribuciones vitalicias y sueldos de infarto.

Nada más crearse Banca Cívica tras la unión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos, la entidad apostó por salir a Bolsa y buscar inversores extranjeros. Primero llegaron a un acuerdo con JC Flowers, tiburón financiero yanqui especializado en bancos en apuros y negocios similares (Japón, Holanda, Alemania...), el cual finalmente se echó para atrás sin aportar sus 450 millones de euros: Flowers no terminaba de fiarse del invento.

Tras este fracaso, Banca Cívica anunció a bombo y platillo un plan para instalarse en EEUU y captar allí 300.000 clientes en cinco años. Con ese fin abrió en New York una oficina de 820 metros cuadrados, sita a escasos metros de la sede del FMI. Pero la Reserva Federal yanqui no aprobó su licencia para operar en el país y les cerró la sede. Segundo batacazo a un proyecto lleno de sueños de grandeza y realidades de baratillo.

Mientras esto ocurría, proseguía el proceso de demolición gradual de la CAN y su conversión en un banco privado. El pasado 18 de mayo, el Consejo General de CAN tomó dos medidas trascendentales. La primera consistió en traspasar a Banca Cívica el 100% de sus activos. La segunda, autorizar su salida a Bolsa y aprobar la entrada de socios financieros.

Lo primero suponía la desaparición pura y dura de la CAN como entidad financiera y su disolución dentro de Banca Cívica, donde controlaría tan solo el 29,1% del capital. La sede social se fue a Sevilla y la operativa a Madrid. Lo segundo suponía abrir sus puertas a la entrada del capital privado, la gran Banca y los Fondos de Inversiones. Desaparecía así el carácter público y social de la antigua CAN y el ánimo de lucro de sus nuevos propietarios tomaba el timón de mando.

La salida a bolsa se produjo el 20 de julio de 2011. Al final, todas las intenciones iniciales se materializaron a la baja. Así, en vez de sacar tan solo el 40% del capital, se tuvo vender un 47,5%. Con ello, la participación de la CAN en Banca Cívica pasaba a ser, de aquel 29,1% inicial, a un mero 15,28%. Eso significa que esa sucursal de Banca Cívica que tienes en tu pueblo o barrio ya no pertenece a Caja Navarra, como quieren seguir dando a entender, sino que es propiedad, en un 84,72%, de otras entidades o accionistas. Por otro lado, si en un principio se barajó que el precio de salida de la acción sería entre 2,7 y 3,8 euros, al final se optó por el importe más bajo, es decir, 2,7 euros. Se reconocía así que el valor real de Banca Cívica era bastante menor del pregonado.

Pocos días antes, la Autoridad Bancaria Europea había hecho públicos los resultados del test de estrés de 2011 realizado a los bancos de 21 países europeos. De los ocho suspendidos, cinco eran españoles. El aprobado se situó en cinco puntos y Banca Cívica logró un 5,6, lo cual fue presentado como un gran éxito por la entidad. En realidad se trataba tan solo de un aprobado raspado que le situaba en la cola del pelotón bancario español, a distancia considerable de la puntuación media del conjunto, que fue de 7,1 puntos.

Desde entonces, la cotización de Banca Cívica en bolsa no ha hecho sino bajar. Tan solo en la primera semana perdió el 10% de su valor de salida. Justo al cumplirse un mes, la pérdida es de un 20%. La acción ha bajado de 2,7 a 2,16 euros. Como se ve, el «mercado», es decir, los grandes bancos y fondos de inversiones que mueven la Bolsa, no parece tener la misma opinión sobre Banca Cívica que la que pregonan sus directivos.

Esos son los riesgos de abrir las puertas al capital privado. En un mercado dominado por el ánimo de lucro y la más descarnada especulación, la valoración de Banca Cívica es algo aleatorio que no depende de su propio valor real y utilidad social (mucho menos aún del que pueda tener para la sociedad navarra), sino por las expectativas que para la especulación puedan tener sus acciones.

Y así, en el contexto de filibusterismo bancario que vivimos, Banca Cívica se convierte en mero peón de una partida de ajedrez que podrá ser utilizado o, incluso, sacrificado, en función de los superiores intereses y apetitos de los grandes reyes de este juego.

Los impulsores del desmantelamiento y privatización de la CAN (Sanz, Barcina, Goñi, Asiain...) deberían responder no sólo económica y políticamente por el estropicio causado, sino también penalmente por lo que su actuación habría podido conllevar de malversación de fondos públicos.

Y el Parlamento Foral debería enderezar los entuertos cometidos, recuperar el carácter público y social de la CAN y dar un fuerte tirón de orejas, bolsillos y cargos a todos estos vendedores baratos de crecepelo.

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