En los próximos días, el Gobierno Vasco va a presentar un nuevo plan que denomina de «Paz y Convivencia». Ardanza tuvo su plan en el Pacto de Ajuria Enea de 1998, Ibarretxe estrenó el suyo en 2006 y ahora se anuncia éste del Gobierno de Patxi López. Todos tienen un denominador común: son continuadores de las líneas estratégicas del plan ZEN de 1983, en la medida en que pretenden mostrar una visión sesgada y parcial de las múltiples expresiones de violencia sufridas en Euskal Herria en las últimas décadas.

Todos estos planes combinan:

1. Eliminar y criminalizar todas las formas de disidencia, equiparándolas a sus expresiones armadas, y justificar que se las reprima con los mismos criterios.

2. Objetivos de marketing político, cuyo fin es consolidar espacios socio-políticos de base conservadora y

3. Servir de fuente de financiación para fundaciones, asociaciones y medios de comunicación afines.

Las organizaciones que defendemos los derechos de las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el terrorismo de Estado hemos podido constatar que el resultado de todos estos planes ha sido apuntalar la impunidad sobre los crímenes cometidos por el Estado durante los últimos 75 años.

Sabemos que el objetivo de quienes promueven estos planes no es la consecución de una justicia que trate por igual a todas las víctimas. Lo sabemos porque, después de la puesta en marcha de cada plan, constatamos que se sigue obviando la legalidad internacional. Esta obliga a los estados a investigar la verdad, a realizar la justicia efectiva y a implementar las correspondiente medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición. A las víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de estado se les sigue negando la condición de interlocutores a la hora de articular las medidas políticas, jurídicas y sociales necesarias para la superación de la situación de vulneración de los derechos humanos.

Un plan de paz y convivencia debe comenzar por definir, con rigor histórico, las causas y las consecuencias de las vulneraciones de derechos. Para ello es necesario establecer el principal origen de dichas vulneraciones en la rebelión militar de 1936 y definir claramente su naturaleza. Porque es terrorismo de estado, y no «abuso de poder» o «exceso policial», asesinar a ciudadanos en protestas contra la contaminación (Erandio, 1969) o a obreros indefensos que se manifiestan exigiendo mejores condiciones laborales, y por extensión unas mayores cotas de libertad y dignidad (Gasteiz, 1976). Porque es terrorismo de estado organizar grupos armados como GAL, BVE, etc. Porque es un crimen de lesa humanidad torturar, asesinar y hacer desaparecer a los detenidos; reprimir las señas de identidad propias de un pueblo; o negar a la ciudadanía los derechos humanos, civiles y políticos más elementales.

Pretender seguir ocultando esta realidad incuestionable implica apuntalar, de manera consciente, la sociedad dual construida tras la victoria de los sublevados de 1936, asentada en el genocidio político y el terrorismo de estado.

Quien quiera hacer un «relato correcto» sobre la violencia en Euskal Herria, tal como lo pretende el Gobierno de Gasteiz, no puede ocultar una realidad de vulneración de derechos que no tiene parangón con ningún otro acontecimiento de nuestra historia reciente, por la dimensión numérica de los crímenes.

Ni los planes de paz ni las ponencias parlamentarias subsiguientes pueden volver a dar la espalda a la historia de los miles de represaliados que aún no han recibido ninguna respuesta política ni jurídica efectiva. Quienes actualmente ocupan el Gobierno vasco deben desvincularse de las hipotecas adquiridas con los herederos ideológicos del franquis- mo, aquellos que siguen afirmado que la dictadura fue un tiempo de placidez, sosiego y paz social.

Las soluciones no vendrán de ocultar o tergiversar la historia ni de imponer el olvido. Las soluciones vendrán de asumir el pasado y habilitar las medidas necesarias tendentes a conseguir verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición, para todas las víctimas de la dictadura franquista y el terrorismo de estado.

(*) También firman este artículo Andoni Txasko e Iñaki Astoreka.