Catorce organizaciones sociales de Bizkaia: Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Harresiak Apurtuz, Coordinadoras de ONG de Euskadi, Argilan, Plataforma Beste Bi, Movimiento 15M, Berri-Otxoak , Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan, Elkartzen, SOS Racismo, Asociación Los Invisibles, la Posada de los Abrazos y Mujeres del Mundo denunciaron «irregularidades» en el procedimiento de suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por parte de la Diputación de Bizkaia a 1.600 familias. Exigieron «el cese de los recortes de las prestaciones sociales». El acto de protesta reunió ayer a numerosas personas que se concentraron ante las oficinas de la Administración foral, que preside José Luis Bilbao, en la calle Nicolás Alkorta.

Denunciaron que la Diputación de Bizkaia ordenó en julio «la extinción de la Renta de Garantía de Ingresos a 1.600 familias tras un proceso marcado por las deficiencias y las irregularidades en la aplicación que rige la normativa». A juicio de los afectados «se han quedado sin el único sustento que tienen» para cubrir sus ingresos mínimos para garantizar su subsistencia y lamentaron que «no se nos ha dado la oportunidad de defendernos. Hemos sido sancionadas antes de poder ejercer nuestro derecho a presentar alegaciones y recursos».

Este paso dado por la Diputación es «gravísimo», según las organizaciones sociales». La extinción de las ayudas se produjo tras el cruce de datos entre el catastro y la documentación de las personas que reciben esta prestación, «sin mirar en cada expediente qué porcentaje de vivienda y cuál sería el valor de esa vivienda, para saber exactamente qué cuantía de ayuda le correspondería». También adelantaron que de 70 alegaciones alegaciones que se han podido presentar hasta la fecha, el 84% de las misas «se les tiene que reponer el dinero», aunque no lo van a cobrar hasta finales de setiembre «lo que supone tres meses sin esas cantidades esenciales para subsistir».

Ante este aumento de la «vulnerabilidad» de muchas familias de Bizkaia, las asociaciones sociales exigen que se deben revisar los expedientes teniendo como base fundamental la protección social de los afectados. También exigen «rapidez» en el estudio y resolución de las alegaciones y la anulación del proceso de extinción de la Renta de Garantía de Ingresos.

A todas estas demandas piden «información veraz, compresible y que facilite las alegaciones» ante este grave problema.