La reforma de la Constitución española acordada por PSOE y PP siguiendo las directrices de Alemania y el Estado francés provocó la inmediata reacción de las fuerzas soberanistas y de izquierda de todo el Estado. Ayer los sindicatos UGT y CC OO y diversas organizaciones sociales anunciaron movilizaciones que, según ambos sindicatos, podrían llegar hasta la huelga general, en contra de esa iniciativa. Hoy, con motivo de la votación de la toma en consideración de la reforma y su tramitación, habrá una concentración frente al Congreso de los Diputados convocada por el movimiento 15-M. Los sindicatos mencionados, por su parte, han convocado tres días de protesta y se han mostrado totalmente contrarios a esa reforma, una oposición que parece lógica en quien se supone defensor de los derechos de los trabajadores, y no sólo por cuestiones formales, o por su procedimiento, que trasciende esas cuestiones, sino también por su contenido, que supondrá recortes, más recortes aún, en todo tipo de servicios sociales. No es de extrañar, por tanto, que cualquier sindicato se oponga a que el límite de deuda sea un precepto constitucional; de hecho, se oponen incluso los que no se han destacado precisamente en la defensa de los derechos de los trabajadores ante los continuos recortes de derechos a los que vienen siendo sometidos.