Johnson Controls contrató una detective para culpar a CAF por el uso de amianto
La reclamación de daños y perjuicios derivados de la falta de medidas de seguridad por el fallecimiento de Angela Rodríguez por un mesotelioma pleural por el amianto sacó a relucir que la sucesora de Oxivol Internacional contrató a una detective para culpar a CAF de lo ocurrido.
Juanjo BASTERRA |
La compañía Johnson Controls, sucesora de Oxivol Internacional de Acumuladores SA, de Beasain, contrató a una detective para «espiar» al entorno de la familia de la ex trabajadora Angela Rodríguez, que falleció en marzo de 2010 a los 65 años debido a un mesotelioma pleural originado por haber estado en contacto con el amianto.
Los familiares de la trabajadora, que destacó por su lucha en contra del amianto y de que salieran a la luz todos los casos existentes, presentaron una reclamación por daños y perjuicios ante el Juzgado de Lo Social número 4 de Donostia al considerar que hubo falta de medidas de seguridad, ya que la trabajadora inhaló amianto en su puesto de trabajo en Oxivol Internacional de Acumuladores.
En el juicio saltó la sorpresa, porque la defensa de la empresa, en este momento en manos de Johnson Constrols, anunció que había utilizado a una detective para espiar al entorno de la trabajadora y presentó como causa del contagio del amianto que la fallecida lavaba el buzo de su marido, que trabaja en CAF, empresa que cuenta con más de medio centenar de fallecidos por amianto entre Beasain y Zaragoza. Según la abogada de Angela Rodríguez, la detective se hizo pasar por representante de las aseguradoras, etc para «sonsacar información a la hija y al entorno de quienes están moviendo la lucha contra el amianto». En este sentido, reconoció que este tipo de actuación es la primera vez que se produce en alguno de los casos que ha llevado, pero añadió que lo tiene que analizar para saber si las actuaciones que realizó, «sin identificarse como detective de la empresa demandada, la sucesora de Oxivol Internacional de Acumuladores, son legales». En caso, contrario, pondría una demanda contra la detective.
La fallecida trabajó en la empresa de Beasain en el montaje de las baterías. «Allí colocaba el cordón de amianto, con diámetros aproximados de doce milímetros. Venía enrollado en bobinas y era cortado con tijeras para colocarlos en las baterías. Estaba trenzado con seis o siete cordones y la trabajadora lo destrenzaba, con la consiguiente emisión de fibras de amianto cerca de las vías respiratorias», según explicaron en el juicio otros empleados. La empresa no puso medidas de protección.
Angel Cárcoba, fundador de la Salud Laboral en CCOO y activista internacional por la prohibición del amianto, junto a Francisco Báez, ex miembro de la Comisión Nacional del Amianto, y Paco Puche, ecologista y economista, han puesto en circulación un amplio trabajo sobre la situación del amianto en el Estado español al que ha tenido acceso GARA.
En el mismo recuerdan que en el Estado español han trabajado con amianto más de 1.100 empresas, de ellas 200 de Hego Euskal Herria, que suponen 235.000 trabajadores expuestos. Destacan la importancia de su uso en la industria siderometalúrgica vasca, pero también en las fábricas de fibrocemento en el Estado español y en la industria naval, como en los astilleros de Ferrol y en los vascos.
En el trabajo recuerdan que la OMS advierte de que al año provoca la muerte de entre 110.000 y 150.000 personas en el mundo. Destacan el movimiento social que se está produciendo en contra del amianto y, en este caso, nombran a la Asociación de Víctimas de Euskadi (Asviamie), que de 83 demandas ha conseguido en 58 el reconocimientos como enfermedad profesional; 11, con recargo de prestaciones y 17; indemnizaciones por daños. J. B.
