Así pues, los juicios rápidos a varias personas a la vez, sin abogado defensor, sin garantías y con graves condenas que no pueden ser recurridas siguen siendo la norma en el Egipto post Mubarak. En algunos casos, los abogados defensores designados entre varios aprobados por el Consejo Supremo pueden contar con apenas cinco minutos para reunirse con el acusado, evaluar los cargos y presentar el caso ante un juez militar. El fin de estos juicios fue una de las demandas de la revuelta que comenzó en enero pero ahora se ha vuelto contra sus propios protagonistas. De hecho, los tribunales militares a los que recurría Mubarak contra opositores, islamistas y trabajadores descontentos llegaron a juzgar a menos de 2.000 personas en los treinta años que duró el régimen de Mubarak. En los últimos seis meses, más de 12.000 egipcios han sido condenados por tribunales castrenses.

El CSFA protege al régimen

Según explica el abogado Ahmed Ragheb, director ejecutivo del Centro de Derecho Hisham Mubarak a la agencia IPS, «los juicios militares se volvieron norma y los civiles excepción. Son una herramienta para el CSFA. Recurren a ellos porque los pueden controlar mejor que los civiles, que tienen jueces independientes y se atienen a una legislación».

Los activistas que derrocaron a Mubarak ven cómo el Ejército perpetúa su régimen y acusan al CSFA de proteger a sus dirigentes. Hosni Mubarak mantuvo la ley de emergencia para suspender las libertades de prensa y asociación, ampliar los poderes de los órganos de seguridad y anular los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha contra el terrorismo. Ahora sus sucesores militares hacen otro tanto con el argumento de que la revuelta se acompañó de un aumento de la delincuencia. El CSFA lleva ante los jueces militares desde delitos menores hasta violentos y a los propios activistas que demandan reformas. Incluso menores de edad han sido condenados a muerte.

Amr el-Beheriy, de 33 años, apenas estuvo cinco minutos ante el tribunal, sin abogado. Fue acusado de romper el toque de queda y agredir a un oficial de la policía durante la revuelta que derrocó a Mubarak. «Luego mintieron a sus abogados y les dieron una fecha errónea para el juicio, así que cuando llegaron se encontraron con que ya había sido sentenciado. El juicio había durando apenas minutos», relató coordinadora de la campaña «No más juicios militares», Mona Seif a IPS.

El veredicto de estos tribunales no se puede apelar. Los activistas que protagonizaron la revuelta aseguran que estos falsos cargos de agresión buscan dejar claro que los militares no van a tolerar críticas al régimen actual.

«Nos quieren golpear y humillar para que la gente tenga miedo de ir a las manifestaciones», sostiene Emman Hussein, de 23 años.

Abusos, palizas y humillaciones

Organizaciones de derechos humanos han denunciado los abusos reiterados que sufren los civiles en las cárceles militares. Varias personas declararon haber sido sometidas a palizas y humillaciones como permanecer desnudas frente a otros detenidos. «Es muy humillante estar de pie desnudo frente a 180 personas», señala Mohamed Soliman, liberado después de dos meses detenido.

Varias mujeres detenidas en marzo fueron obligadas a someterse a «chequeos de virginidad» y amenazadas con ser acusadas de prostitución.

Sólo grandes presiones pueden hacer cambiar una condena. A principios de agosto el CSFA perdonó al bloguero Loai Nagati, detenido mientras registraba enfrentamientos entre la policía y los manifestantes el 28 de junio en El Cairo, y a la activista Asmaa Mahfouz, acusada de incitar a la gente contra el consejo militar en su cuenta de la red social Twitter. Tras unos protesta masiva, los activistas fueron liberados para intentar calmar los ánimos.

Pero Mona Seif asegura que el consejo militar calculó su respuesta al liberar a varios activistas conocidos mientras no mantiene a miles de detenidos pobres y sin asistencia legal. «Los únicos casos en los que el Ejército liberó civiles detenidos o prometió repetir el juicio fueron los que tuvieron una intensa presión mediática», indicó. «Las campañas en las redes sociales ayudar a liberar a unos pocos activistas políticos, pero ahora tratamos de concentrar la atención en los miles de ciudadanos que siguen en prisión y que no pertenecen a ninguno de esos ámbitos.

Mientras cientos de civiles son detenidos y juzgados en estas condiciones, Hosni Mubarak está siendo juzgado por un tribunal civil, con todas las garantías, sólo por los cerca de 850 muertos durante los días de la revuelta.

La dirigencia militar de Egipto no ha explicado por qué jóvenes manifestantes son juzgados ante tribunales militares mientras que a ex funcionarios del gobierno de Mubarak se los juzga por corrupción y asesinatos ante tribunales penales comunes, planteó en un comunicado Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch.