La consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Lakua, Gemma Zabaleta, aseguró ayer que el 97% de la sociedad «apoya que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) demuestren voluntad de incorporarse a un empleo».

Es una de las conclusiones extraidas de los resultados de una encuesta telefónica efectuada a 1.003 personas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa antes de que se conocieran las modificaciones para el acceso a la RGI.

La nueva Ley, pactada entre el PSE y el PP recoge, entre otros cambios, la tramitación desde Lanbide de la RGI y el complemento de vivienda, así como el endurecimiento de los requisitos: tres años de empadronamiento en vez de uno y que la prestación se retire cuando se rechace un empleo, y no tres como hasta ahora.

«Más empleo»

«La mejor política social es el empleo y, gracias a esta ley, pretendemos pasar del subsidio al empleo», precisó.

Otras conclusiones son que el 97,2% de los encuestados cree que las instituciones deben controlar el cobro de las prestaciones sociales «para evitar el fraude», que «un 88,8% considera que aquel perceptor capacitado para trabajar y que rechace una oferta adecuada o falte a un curso de formación debería perder su prestación» y que el 95,5% señala que, en el caso de quedarse sin trabajo, sin recursos y haber agotado su prestación por desempleo, «le gustaría optar a una prestación social como la RGI».

Zabaleta, al contrario de lo que han denunciado colectivos sociales y sindicatos, afirmó que «no vamos a recortar derechos, sino que vamos a crear un sistema más justo, porque la solidaridad de los vascos es excelente, pero no ilimitada, no puede pagar todo», dijo.

Añadió que en la CAV se concentra el 38,4% de los perceptores de ayudas sociales del Estado español y llega al 40,2% el gasto a este fin para garantizar recursos mínimos.