Dos agencias de noticias trasmitieron ayer casi de manera simultanea que, según fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pretende reforzar los indicios delictivos que podrían existir contra los tres imputados por el chivatazo a ETA que se habría producido en el bar Faisán de Behobia, cuando una persona investigada como miembro de la organización recibió una llamada telefónica en la que alguien que se presentaba como policía le avisaba que si realizaba determinados movimientos iba a ser detenido.

Ruz había imputado al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo; al jefe superior de Policía en la CAV, Enrique Pamiés; y al inspector José María Ballesteros, como responsables del chivatazo y les acusaba de «colaboración con organización terrorista» o, en su caso, de un delito de «revelación de secretos».

Las penas son muy distintas según el tipo que se aplique, y también el juzgado que debe llevar el caso. Si fuera colaboración sería la Audiencia Nacional; si fuera revelación, el juzgado de Irun. El Pleno de la Sala de lo Penal decidió el miércoles que no había indicios suficientes para procesar a esas tres personas, pero sí del chivatazo, por lo que encomendó al juez que siguiera investigando.

Pablo Ruz anunció ayer que no contempla archivar el caso, aunque si no avanzase en sus pesquisas podría dictar la conclusión del sumario sin procesamiento para que la Sala de lo Penal procediera a su archivo, tal y como solicitó en octubre de 2009 la Fiscalía.

A la espera de que le sea notificado el auto del pleno, que debe indicar las «lagunas» detectadas en la investigación llevada a cabo por el magistrado, éste sigue pensando que su tesis sobre la autoría del chivatazo es más verosímil que la que mantienen las defensas de los policías que procesó, que apuntan a otro agente, el jefe del equipo de investigación Carlos Germán, como autor del soplo.

Rifirrafe electoral

La decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es interpretado por los medios próximos al Gobierno español como el «desinfle» del «caso Faisán», mientras que desde la órbita del PP insisten en que la existencia del chivatazo se da por demostrada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no dudó en asegurar que sigue «considerando alta traición lo que ha ocurrido en el Faisán».

El secretario de Estado de Seguridad español, Justo Zambrana, pidió al PP «una reflexión sobre la utilización partidista del terrorismo».