El sindicato CCOO valoró ayer el acuerdo alcanzado el miércoles con la SEPI por el que la sociedad pública, en virtud de los acuerdos de privatización del astillero La Naval, se compromete a «activar las garantías» para que los 119 trabajadores que han abandonado la empresa en el último ERE puedan acceder a la prejubilación.

A través de un comunicado, CCOO destaca que el compromiso adquirido por la SEPI «asegura una salida digna a los trabajadores afectados, todos ellos mayores de 50 años».

Al mismo tiempo el sindicato insta a Construcciones Navales del Norte, el consorcio propietario del astillero, a que «cumpla con su función de conseguir carga de trabajo para mantener viva la actividad naval en Sestao».

Tras el último recorte que la empresa comenzó a aplicar antes de este verano, la plantilla pasará de 360 trabajadores a 231, según fuentes sindicales.

La Naval se privatizó en la última reconversión de los astilleros públicos españoles, en ese momento llamados Grupo Izar, a finales de 2006, cuando la SEPI vendió el astillero vizcaino a Construcciones Navales del Norte, un consorcio formado por Astilleros Murueta (34,36 %), Ingeteam (34,36 %), Iniciativas Navales del Norte (12,37 %), Naviera del Nervión (10,31 %) y Grupo Knutsen (8,60 %).

Anulación de incentivos

Por otro lado, CCOO opinó que la construcción naval en el Estado español puede sufrir un encarecimiento de cerca del 25% como consecuencia de la anulación por parte de la Unión Europea, a instancias de Holanda, del sistema de incentivos fiscales que se venía aplicando en el sector naval español.