Una de las principales demandas de los afectados por el amianto es la puesta en marcha un Fondo de Compensación que les evite tener que recorrer los juzgados para obtener, en muchos casos, la declaración de enfermedad profesional, las indemnizaciones y los recargos económicos por la imprudencia empresarial al no haber adoptado medidas de prevención en sus puestos de trabajo. Pero en la reunión celebrada ayer en Gasteiz la viceconsejera Sonia Pérez trasladó esa responsabilidad al Gobierno español.

Por lo demás, Lakua utilizó el encuentro como elemento de propaganda, sin ofrecer la información concreta demandada por la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie).

Bastante antes de que terminara la reunión entre la viceconsejera de Trabajo y la directora de Osalan con la delegación de Asviamie, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ya remitió una comunicación en la que se informaba de la celebración del encuentro, añadiendo que trabaja en un plan del amianto, en la revisión de los planes de trabajo en obras, y que tiene registrados a 5.719 trabajadores que «han podido estar expuestos al amianto, para el control de la vigilancia de la salud».

Desde Asviamie afirman que ese dato está muy alejado de la realidad, dado que más de 28.000 trabajadores estuvieron en contacto con el mineral cancerígeno en empresas de la CAV.

Olvido Herreras, responsable de Asviamie, aseguró a GARA tras la reunión que solicitaron información sobre los casos de mesoteliomas y cánceres derivados del amianto, pero la responsable del Gobierno de Gasteiz dijo «desconocer» los datos y les remitió a una próxima reunión. Asviamie controla ya 70 casos de mesoteliomas y sólo este año han fallecido diez ex trabajadores, y hay once casos más con mesoteliomas derivados del contacto con el amianto.

El Gobierno de Gasteiz pidió colaboración a Asviamie para comunicar casos de amianto y aseguró que los médicos de familia están obligados a que ante cualquier sospecha que tengan al respecto se pongan en contacto con Osalan.

Sin embargo, diferentes denuncias de trabajadores desmienten que «se esté produciendo una vigilancia específica y anual de los trabajadores que estuvieron en contacto con el amianto», ni que «se pongan los medios de control».

Asviamie también preguntó por una partida presupuestaria que desde el Ejecutivo de Madrid se habría transferido a Gasteiz para crear unidades específicas de salud, pero las responsables del Gobierno autonómico dijeron desconocer esa información.

Juicio en Donostia

Por otro lado, en Donostia se vio la reclamación de daños y perjuicios por la muerte del trabajador Juan José Barandiaran de la empresa Kempchen Ibérica. Un testigo de la defensa dijo que se demandaron medidas de prevención, pero la empresa las rechazó por su carestía.