Friendship solicita que se repruebe la política española respecto a Euskal Herria
El Friendship instó ayer en Estrasburgo a que se repruebe «claramente» la política española respecto a Euskal Herria. Ayer se supo que el TEDH ha rechazado el recurso del Gobierno español contra la sentencia que le condenó por vulnerar la libertad de expresión de Otegi.GARA |
La situación en Euskal Herria ha sido esta semana el centro de dos noticias originadas en Estrasburgo, en las que se pone en cuestión la actitud del Estado español hacia el conflicto político. Una se produjo en el Parlamento Europeo de la mano del Friendship, que ha criticado la sentencia por el «caso Bateragune», y la otra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que ha confirmado una condena por vulnerar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi.
François Alfonsi, miembro del Friendship, efectuó el lunes una intervención durante el punto de «Actualidad» en la Eurocámara, en relación con la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional española contra Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por el «caso Bateragune», para advertir de sus consecuencias negativas.
El eurodiputado corso recordó que él mismo fue un observador durante el juicio en Madrid e insistió en que Otegi y sus compañeros «han sido juzgados por un delito de opinión». Alfonsi aprovechó la ocasión para explicar la persecución que sufrió Bildu, de la que dijo fue una coalición ilegalizada y después legalizada que finalmente obtuvo el 23% de los sufragios de los ciudadanos de Hego Euskal Herria.
Alfonsi insistió en que «es importante que el Parlamento Europeo repruebe la política del Estado español en relación con el País Vasco, en un momento en que los acontecimientos políticos son los de un proceso de paz que podría llegar, como en el norte de Irlanda, a una solución sostenible, beneficiosa para el País Vasco, beneficiosa -remarcó el eurodiputado que forma parte de Friendship- para los propios ciudadanos españoles, y beneficioso para los ciudadanos de la Unión Europea».
Se confirma sentencia
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español el pasado 15 de marzo, al entender que vulneró la libertad de expresión de Arnaldo Otegi al imponerle un año de prisión por aludir a Juan Carlos Borbón como «responsable de los torturadores».
El militante de la izquierda abertzale -por entonces portavoz del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak en la Cámara de Gasteiz- fue condenado por los tribunales Supremo y Constitucional españoles por unas declaraciones en la que dijo: «¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en Bilbao con el rey de España cuando el rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia?». Lo hizo en el contexto de una visita de Juan Carlos de Borbón a Bizkaia en 2003, días después de la clausura del diario ``Egunkaria'' y del arresto de diez responsables y trabajadores del mismo, algunos de los cuales denunciaron torturas y malos tratos
La decisión fue tomada por una sala de la Sección Tercera del TEDH y respaldaba los argumentos de Otegi, que alegaba en una demanda presentada en 2007 que la condena constituía un atentado injustificado contra su derecho a la libre expresión.
El Gobierno español recurrió la resolución del TEDH, pero la Gran Cámara ha desestimado la petición de que se revisara la decisión del tribunal, con lo que confirma que el Ejecutivo debe indemnizar al dirigente independentista vasco con un total de 23.000 euros; 20.000 por «daños morales» y los 3.000 euros restantes por las costas del procedimiento.
Los servicios jurídicos del Estado español solicitaban a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aclarara las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión por representantes electos respecto a la reputación de terceros; las responsabilidades del derecho a la libre expresión de los políticos en un contexto de violencia y la protección del jefe del Estado frente a los delitos de «difamación».
El Estado español había recurrido ante el Tribunal de Estrasburgo la sentencia que le condenó por imponer a Arnaldo Otegi una pena «particularmente severa» por supuestas injurias al rey. Ayer la Corte Europea ratificó su posición contra la petición de Madrid.