El Tribunal Supremo español revisó ayer en vista pública la sentencia dictada en octubre del pasado año por la Audiencia Nacional que condenó a quince jóvenes donostiarras por «integración en organización terrorista» por su participación en el movimiento juvenil.

Según alertaron estos jóvenes en una comparecencia realizada el lunes en Donostia, «a partir de ahora, en cualquier momento, corremos el riesgo de ser detenidos y encarcelados».

Asimismo, denunciaron que se está criminalizando el trabajo político, en este caso el de Segi, por lo que reclamaron «el derecho de defender libremente todos los proyectos políticos».

Junto a ello, reclamaron el fin de la incomunicación para evitar el riesgo de tortura, que se emplea para lograr autoinculpaciones contra quienes desarrollan este trabajo político. Además, exigieron el fin de los juicios políticos, incluido el que afecta a estos jóvenes donostiarras, «ya que su objetivo es castigar el trabajo políticos y, al mismo tiempo, obstaculizar el proyecto a favor de la independencia de Euskal Herria».

Tras llamar a acudir a Iruñea el sábado, anunciaron que próximamente convocarán movilizaciones en Donostia.