Nada que ver con el anterior intento de 2006. De hecho, entonces fue el Gobierno, y no ETA, quien introdujo la necesidad de una verificación de su alto el fuego. La tregua había sido comunicada por la organización armada vasca el 22 de marzo y era definida como «permanente» (la del pasado 10 de enero añade a éste los adjetivos «general» y «verificable»). El mismo día, Zapatero apuntaba su esperanza de que «podemos estar ante el principio del fin» y añadía que «iré con prudencia, cubriendo cada etapa». Sólo dos días después incidía en que antes que nada «el Gobierno tendrá que verificar si es la antesala del final definitivo».

Únicamente un aspecto hace similar su actitud actual y la de entonces: puestos a verificar, el Gobierno español optaba por hacerlo con sus propias herramientas. «Como es natural, tenemos medios suficientes para tener certidumbre», apuntó el inquilino de La Moncloa.

Una premisa aceptada por todos

La apertura de este impasse fue dada por válida por todas las partes, aunque, como iría trascendiendo pronto, no resultaba estrictamente necesaria porque Gobierno español y ETA llevaban en realidad casi un año de conversaciones, en las que se habían pactado una serie de compromisos y de garantías.

El Gobierno del PSOE justificaba a diario que quería pisar sobre terreno seguro. El domingo siguiente al alto el fuego, en una entrevista con ``El País'', Zapatero apuntalaba la idea de que había que actuar con prudencia y que así se lo habían aconsejado protagonistas del proceso de paz irlandés como Tony Blair y Bertie Ahern: «La primera regla es trabajar en un ambiente de discreción; la segunda, crear los mínimos vínculos de confianza; y la tercera, no pretender recorrer todo en una etapa, porque es prácticamente imposible». En una reunión celebrada en La Moncloa dos días después, el líder del PP, Mariano Rajoy, expresaba su apoyo a esta verificación, mientras el presidente de su partido en Catalunya, Josep Piqué, iba más allá para apuntar que «no podemos negar al Gobierno medidas como un acercamiento de presos». Otro tanto hacía el 31 de marzo la ministra vasca Michèle Alliot-Marie, erigida en portavoz del Gobierno francés para este caso: «Lo principal ahora es verificar la voluntad real del alto el fuego».

Desde la izquierda abertzale, este paso previo se tomaba con cierta naturalidad. Joseba Permach explicaba en GARA que la primera reacción de Zapatero les había parecido «adecuada». Y eso que sólo días después, tras haberse retrasado su comparecencia judicial por una neumonía, Arnaldo Otegi era encarcelado. Antes de ello pudo ofrecer una entrevista a este periódico en la que alertaba también contra las prisas y urgencias peligrosas. Citando al nicaragüense Tomás Borge, Otegi subrayaba que «hay que ser lo suficientemente paciente como para saber que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, y a la vez hay que tener todos los días la impaciencia de que las cosas cambien lo más rápidamente posible».

Hasta el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se sumó a aquella dinámica generalizada para apoyar la verificación y reivindicar que el Gobierno de Lakua también quería participar en ella. Lo dijo en una intervención pública y se lo transmitió también en privado a Zapatero en una reunión celebrada en La Moncloa el 4 de abril.

Rubalcaba y Barañain

Tres días después, Alfredo Pérez Rubalcaba tomaba las riendas del Ministerio del Interior. Se interpretó unánimemente como algo lógico, en la medida en que Zapatero daba el timón a quien, como era vox populi, había protagonizado el proceso desde la sala de máquinas. Desde entonces, Rubalcaba fue el principal defensor de la verificación y se implicó en paralelo en la búsqueda de un respaldo europeo al proceso, que se materializaría en octubre en la resolución del Parlamento de Estrasburgo. Es decir, dos cuestiones de las que ahora huye.

La prueba de fuego le llegó a la verificación a finales de abril, con dos graves sabotajes ocurridos en Getxo y en Barañain, donde fue incendiada la ferretería de un concejal de UPN. Mientras algunas voces lo usaban para instar a la paralización del incipiente proceso de paz, Rubalcaba pidió calma mientras se investigaba el suceso y, tras las investigaciones de las FSE, determinó como verificado que no había ningún motivo para relacionar a ETA con los ataques.

Así las cosas, en un acto en el BEC de Barakaldo el 21 de mayo, dos meses después del alto el fuego, Zapatero ya dejó ver que la voluntad de ETA estaba bien constatada y que pronto sería hora de pasar a otra fase. Esperó, sin embargo, hasta el mismo límite del arranque del periodo veraniego. No fue hasta el 29 de junio cuando, en un pasillo del Congreso de los Diputados, declaró por concluida la verificación y dio luz verde al diálogo oficial con ETA, además de asegurar que respetaría la decisión que adoptara libremente la ciudadanía vasca.

Entre tanto, el periodo de verificación del alto el fuego había tenido su «cara B», que no pasó desapercibida precisamente. GARA hizo recuento de lo ocurrido en esos 98 días en el terreno represivo: 35 detenciones, 28 actos políticos vetados, 10 accidentes producidos por la dispersión, al menos 300 controles de carretera... A falta de ETA, el juez Fernando Grande-Marlaska acaparó titulares y titulares.

Bilateralidad y unilateralidad

El repaso a aquel periodo deja clara una diferencia radical con el momento actual: si entonces era el Gobierno del PSOE el que tenía máximo interés en verificar y ETA aceptó la situación, ahora es la organización armada quien ofrece comprobar su propia inacción y Madrid quien intenta evitarla.

¿Qué ha cambiado? Evidentemente, el diseño del proceso y el grado de iniciativa de sus actores. Poco después de la declaración de Zapatero, en un escenario ya bastante contaminado por la persistencia de la represión, se conocía que aquel alto el fuego era en realidad el fruto de un acuerdo previo entre el Gobierno español y ETA, que venían conversando en secreto desde verano de 2005. Esas revelaciones arrojaron luz sobre el objetivo verdadero del periodo de verificación en el que el PSOE estaba tan afanado: posponer en el tiempo, todo lo posible, los compromisos que había asumido.

Aquel proceso se frustró. Con su giro estratégico a partir de 2009, la izquierda abertzale ha abierto otro muy distinto pero que tiene ya un punto en común: la existencia de un alto el fuego de ETA, de más calado y con mucha más proyección que aquel de marzo de 2006. En esta dinámica unilateral, resulta evidente que una parte ha adoptado compromisos muy notables y que cada vez más ojos miran al Estado español desde Euskal Herria y el ámbito internacional. Y ante esto, a Madrid no se le ocurre otra salida que negarse a aquella verificación tan deseada.