Varias instituciones locales de Ipar Euskal Herria están directamente afectadas por el hundimiento del banco Dexia. Según dio a conocer hace unos días el diario «Libération», que aseguraba haberse procurado la información de una base de datos de Dexia a la que ha tenido acceso, ayuntamientos gobernados por diferentes tendencias políticas, desde la UMP al PC, tienen contratados préstamos de alto riesgo, denominados «tóxicos», con la entidad financiera franco-belga.

En concreto, los municipios de Hendaia, Bidarte, Mugerre, Maule, Biarritz y Bokale, pero también la Mancomunidad de Lapurdi Hego y el sindicato para el tratamiento de residuos del sur de la costa vasca deben importantes cantidades a Dexia.

Los préstamos más cuantiosos, en lo que se refiere a esta entidad, son los de los ayuntamientos de Biarritz (1.397.000 euros) y Bokale (2.558.000 euros).

Otros consistorios como Baiona, Donibane Lohizune y Angelu, y empresas públicas como el Hospital de Baiona cuentan, asimismo, con préstamos similares contratados con otras entidades bancarias.

Riesgo de sobrecosto

Al esfuerzo que la devolución de estos capitales puede implicar para las economías de las instituciones locales se añade el riesgo de un sobrecosto en los intereses debido al tipo de préstamo contratado (swaps estructurados). De hecho, según la base de datos mencionada, se calcula que ese sobrecoso supondría 137.000 euros a Biarritz y 383.000 euros a Bokale (un ratio del 9,81% y el 14,97% respectivamente).

El alcalde Biarritz, Didier Borotra, y el de Baiona, Jean Grenet, reconocían estos días que la Mancomunidad de aglomeración ACBA, que comparten con Angelu, Bidarte y Bokale, tenía préstamos contratados con Dexia pero insistían en que no eran «tóxicos» sino a interés fijo, al tiempo que tildaban el artículo del periódico francés de «confusionista» y no conforme a la realidad.

El de Hendaia, sin embargo, confirmaba que habían suscrito un préstamo de «toxicidad relativa» con Dexia en 2006 (que será finiquitado en 2014), si bien adelantaba que ello no supondrá ningún gravamen para los contribuyentes de la localidad costera. El interventor del ayuntamiento puso el dedo en la llaga de la financiación de las instituciones locales que subyace en este asunto.

Y es que la progresiva defección del Estado en la financiación municipal y los cambios habidos desde la liberalización de 1992 obligan cada vez más a las entidades locales a buscarse la vida. Para autofinanciarse, además de optimizar los recursos con los que pueda contar el consistorio, los electos están obligados a elegir vías que muchas veces no son las más prudentes para eludir las impopulares subidas de impuestos.

Posibles salidas

Borotra se declaraba más preocupado que su homólogo bayonés respecto a las consecuencias de esta incertidumbre financiera. Grenet confía en el rescate que más se baraja en este momento que, en lo que respecta el Estado francés, supondría que la Banca Postal y la Caja de Depósitos y Consignaciones (ambas con participación pública) se conviertan en el relevo de Dexia para el acompañamiento de la financiación de las colectividades e instituciones.

Por el contrario, el alcalde biarrota consideraba que «incluso con el mejor de los rescates para Dexia el problema no acaba ahí, ya que con la crisis actual los establecimientos bancarios no se precipitarán a acompañar los proyectos de las instituciones locales». A falta de inversiones, predecía una nueva fase de «inmovilismo y recesión» e insistía en la responsabilidad del Estado para encontrar una solución al bloqueo.

Evidentemente, los electos vascos no son los únicos a estar preocupados por la que se avecina. De hecho, la Asociación de Alcaldes de Francia, que reúne a los 36.000 municipios del Hexágono, remarcó hace unos días la imperiosa necesidad de crear una entidad o una agencia pública para la financiación de las instituciones locales.

Una opción que ya existía no hace tanto tiempo, en concreto hasta 1987, cuando la Caja de Apoyo al fomento local se reconvirtió en el Crédito Local de Francia (CLF). Tres años más tarde, la nueva entidad cayó en la tentación de la especulación bursátil, algo que en aquella época no le fue mal. En 1993, el CLF fue la primera empresa pública en ser privatizada por el gobierno de Edouard Balladur y, más tarde, se unió con el Crédito local de Bélgica para dar a luz a Dexia.

La entidad franco-belga extendió su actividad a otros países (Italia, Turquía, Canadá...) hasta que en 2008 fue víctima de la crisis de las subprime, lo que conllevó que ya fuese rescatada una primera vez por los dos estados que inyectaron capital en la entidad. Hoy, Dexia agoniza y los alcaldes piden un ente público, con una gestión más prudente, que les permita llevar a cabo los proyectos públicos a nivel local.