De una u otra manera, la semana política en Euskal Herria ha estado marcada por el tema de los presos, su situación actual y muy especialmente su futuro. No es de extrañar, dado que los pasos dados recientemente por diferentes agentes, desde la firma del Acuerdo de Gernika por parte del EPPK hasta las tímidas y condicionadas palabras de Patxi López sobre la política penitenciaria, han generado una dinámica que perdurará en el tiempo y que en buena lógica sólo puede ir a más. Para empezar, porque todo el mundo sabe que ese tema está en la agenda de una posible resolución del conflicto político, y según crecen las expectativas sobre el avance hacia ese nuevo escenario, la ansiedad se desata ante un tema con tantas vertientes políticas y tantas personas afectadas. En un sentido y en el otro.

Asimismo, quienes pretendían ahogar esas expectativas se han dado cuenta de que a estas alturas la negación no es una opción, que sus adversarios no se mueven porque se lo pidan ellos, sino porque son conscientes de que ésa es la mejor manera que tienen de avanzar. Ante esa evidencia el inmovilismo tiene muy corto recorrido, y por eso intentan condicionar cualquier debate que cuestione los dogmas que hasta hace poco servían para bloquear la situación. Y el de los presos políticos es un clásico en este terreno.

En lo relativo a los presos vascos, la suma de una «política de rehénes» y una «moral de la venganza» ha hecho que para la gran mayoría de los españoles lo normal adquiera rango de escándalo o incluso de ofensa. Cabe recordar aquí el trato dado por medios y partidos a cada excarcelación de un preso político vasco, de entre las que destacan aquellas que se han dado tras cumplir la condena íntegra, «a pulso», como se dice popularmente.

La denominada «doctrina Parot» es quizás el mejor ejemplo de hasta qué punto se puede pervertir la ley en aras a una estrategia política, por muy inhumano que sea el resultado. Por eso mismo las especulaciones sobre la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional al respecto resultan obscenas. Ni qué decir de la inclusión de la «cadena perpetua» en el programa electoral del PP, cuando el Estado español es con mucha diferencia el país europeo donde de manera más cruel se aplica esa medida, por mucho que no esté tipificada como tal. Decenas de vascos son testigos.

No sólo crueldad, también falta de inteligencia

Desgraciadamente, la actualidad no para de ofrecer casos de presos que confirman que el tema de los presos debe estar muy alto en la agenda política. El caso de Ibon Iparragirre, preso ondarroarra que padece VIH y que ha visto cómo su salud se deterioraba gravemente como consecuencia de las condiciones que ha padecido en la cárcel, es el último de una larga lista en la que la simple aplicación de la legislación vigente supondría una solución objetiva a un problema. Un problema que, de no atajar urgentemente, sólo puede empeorar. Frente a todo ello se alzan la serenidad y la fuerza que, sin ocultar su dolor ni su sufrimiento, transmite la madre de Iparragirre, Angelita Burgoa. Una vez más, la movilización social se muestra como la única fórmula para lograr parar esa estrategia.

En este sentido, una gran mayoría de la sociedad vasca ve claramente que con este tipo de medidas excepcionales y debates ficticios lo que se intenta es retrasar lo inevitable, desde los debates hasta las decisiones concretas, y que eso sólo puede dificultar los siguientes pasos. Entorpecer sí, sin duda, pero bloquear ya no. En Euskal Herria existe ya un sentimiento colectivo muy estabilizado, «transversal» si se quiere, de que las decisiones estratégicas tomadas por la izquierda abertzale no tienen vuelta atrás y de que eso traerá un cambio profundo y positivo para todas las personas que viven aquí. Para el común de la gente ya no hay excusas para mantener la segregación, para sostener la represión, para no permitir la participación política y el desarrollo integral y efectivo de todos los proyectos políticos. A partir de aquí, lo que los ciudadanos piden a sus representantes es que lideren ese cambio, que no lo obstaculicen, que se conviertan en protagonistas del mismo. No hacerlo es un ejercicio de irresponsabilidad y una clara señal de falta de inteligencia política.

Además de exigir que se cumpla la legalidad y que se actúe con un mínimo de humanidad, en este momento hay que dar pasos para que los presos puedan participar en el proceso en marcha -garantía necesaria para que su resultado sea estable y duradero-. Eso implica que, antes o después, bajo una fórmula u otra, los presos salgan a la calle. Todas las experiencias a nivel internacional así lo indican. Los expertos que han visitado recientemente Euskal Herria pueden dar fe de ello. Negarles legitimidad, interlocución o valía no altera esa realidad.

Una vez más, la negación es una estrategia con fecha de caducidad.