Mientras la fiscalidad sigue centrando buena parte del debate político, en el que la Diputación de Gipuzkoa parece haber tomado la iniciativa con la propuesta de reforma presentada el pasado fin de semana, la situación de las arcas públicas ha vuelto a deparar un triste espectáculo que no hace sino sembrar incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía respecto a las instituciones. En este caso, ha sido la Diputación alavesa el escenario del rifirrafe entre sus actuales gestores y el anterior Ejecutivo, que discrepan de forma alarmante respecto al estado actual de las cuentas. Porque alarma, y no otra cosa, es lo que causa el comprobar que, en función de quién hace los números, puede existir un desfase de más de 160 millones de euros.

El diputado de Hacienda, José Zurita, aseguró ayer que la Diputación tiene un agujero presupuestario de 96 millones de euros, mientras que el portavoz del PNV en las Juntas Generales, Ramiro González, sostuvo que la formación jeltzale dejó un remanente de 68 millones al abandonar el Ejecutivo foral. Resulta inconcebible tal despropósito ante un elemento objetivable como es la tesorería de una administración pública. Los ciudadanos alaveses tienen derecho a conocer cuál es la situación financiera real de la Hacienda en la que tributan y a exigir que se les trate con respeto.

Respecto a los datos que ofreció el titular de Hacienda, que llegó a hablar de «economía de guerra», llama la atención que buena parte del agujero económico presentado tenga que ver con la devolución de las vacaciones fiscales -hasta 56 millones- y con el «caso Rover» -otros 20 millones-, que no están relacionados con el contexto económico y la caída recaudatoria, y sí con la gestión institucional y con decisiones políticas concretas. Si esas cantidades son ciertas, deberían exigirse responsabilidades a quienes han hecho posible llegar a una situación tan grave.