La noticia de que la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, su inmediato predecesor, Miguel Sanz, el consejero de Economía, Enrique Miranda, y el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, cobran doble dieta de Caja Navarra gracias a su participación en un órgano cuya existencia ni siquiera se conocía -la Junta de Entidades Fundadoras- constituye un escándalo de primer orden y, si lo difundido se corresponde con la realidad, estaríamos ante un caso gravísimo de uso indebido de cargo público y de ocultación de información a la sociedad. En un momento en que las instituciones navarras están aplicando fuertes recortes en servicios básicos, y mientras miles de familias pasan grandes apuros para salir adelante, la posibilidad de que estos mandatarios políticos cobren un segundo sobresueldo de la entidad financiera -curiosamente la misma que ayuda- ron a descapitalizar y privatizar- es obscena.

Estas cuatro personas y su partido deben dar las explicaciones pertinentes y, en su caso, asumir las responsabilidades que correspondan. Porque, si bien la legalidad siempre se puede retorcer para que quepan en ella este tipo de actitudes, éstas no dejan de ser sangrantes.