López pide un plan para amortiguar el impacto de las vacaciones fiscales
El lehendakari Patxi López aprovechó su viaje a Bruselas, donde participó en el Comité de las Regiones de la UE, para entrevistarse con el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, a quien pidió que se estudien fórmulas para minimizar el impacto que tendría en algunas empresas la devolución de la ayudas concedidas en su día por las denominadas «vacaciones fiscales, declaradas posteriormente ilegales.
GARA | BRUSELAS
El lehendakari Patxi López pidió al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, que Bruselas estudie fórmulas para amortiguar el impacto que puede tener en las empresas vascas la devolución de las ayudas que recibieron bajo el paraguas de las denominadas «vacaciones fiscales», declaradas ilegales por los tribunales europeos.
El origen se sitúa en 1993, cuando el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, acordó con las tres diputaciones -lideradas por el PNV- unas medidas que eximían del Impuesto sobre Sociedades durante los primeros diez años de vida a las empresas que se constituyeran en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el periodo 1993-94, con la condición de que debían invertir más de 480.810 euros y crear al menos diez empleos.
López recordó ayer que «hay dos sentencias firmes que declaran claramente que las ayudas de los años noventa son ilegales y por lo tanto hay que cumplir la devolución de esas ayudas».
Sentada esa premisa, informó de que ha planteado a Almunia «la necesidad de articular mecanismos que nos permitan reunirnos a la Comisión Europea, a las diputaciones y al Gobierno vasco», con el objetivo de «buscar esas fórmulas económico financieras que permitan solventar la situación de aquellas empresas que devolviendo esas ayudas estén abocadas a una situación delicada casi de cierre».
«Hemos quedado que en las próximas semanas podremos mantener estas reuniones muy técnicas, viendo cada caso en concreto y cuáles son las fórmulas que podemos dar para solucionar esos problemas», precisó el lehendakari.
En cuanto a si deben ser mecanismos ya existentes o nuevos, indicó que pueden partir de ayudas que ya son legales y que son avales que tiene Lakua, pero que si hiciera falta también podrían ponerse en marcha fórmulas nuevas dentro de la legalidad europea.
López incidió en este último aspecto al subrayar que no se puede «volver a caer en el error al utilizar mecanismos que no fueran legales y no aceptados por Bruselas». Preguntado por la prensa, el lehendakari no supo concretar cuántas empresas están en esta situación delicada, trasladando la cuestión a las diputaciones. Fueron en torno a 300 las empresas que se acogieron a las «vacaciones fiscales» u otro tipo de exenciones similares denominadas «minivacaciones» y que también han sido declaradas ilegales.
Almuerzo con Durao Barroso
López aprovechó su comparecencia para explicar el contenido del almuerzo que compartió el lunes con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y al que también asistió la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, además de otros siete mandatarios autonómicos del Estado español.
Algunos medios pusieron ayer en boca de Durao Barroso la frase «España bordea ya el precipicio», lo que fue desmentido por una portavoz comunitaria. Según el lehendakari, el presidente de la CE destacó que «el Gobierno de España había hecho muy bien los deberes con los ajustes y las reformas que le correspondían» y que «ahora toca hacer los deberes a las comunidades autónomas». «Puedo asegurar que Euskadi lo está haciendo y lo va a cumplir», apostilló.
El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), insistió ayer en que la Hacienda alavesa «no tiene capacidad» para hacer frente al pago que le corresponde según la Ley de Aportaciones por la devolución de las «vacaciones fiscales», y apuntó que está trabajando para conseguir un acuerdo con el Gobierno de Lakua que les permita efectuar los pagos en «plazos y forma que sean viables para la Diputación y su Tesorería».
De Andrés recordó que, la víspera, el diputado de Hacienda, José Zurita, reveló un déficit de 96 millones de euros en las arcas forales, de los que 56 millones corresponden a lo que se debe de devolver por las «vacaciones fiscales», 20 millones al caso Rover y otros 20 millones a la bajada de la recaudación.
El anterior gobierno foral, presidido por Xabier Agirre, recuperó 80 millones de euros que devolvieron las empresas afectadas por las sentencias europeas, pero según el actual Gobierno foral esos recursos fueron gastados en las ejecuciones presupuestarias. El PNV negó las acusaciones y alegó que dejó un remanente de 68 millones que se podrían usar para esos pagos.
De Andrés explicó que la mayor parte de ese supuesto remanente no puede ser calificado como tal, ya que unos 60 millones corresponden al Fondo de Estabilización para las Entidades Locales de Araba (FEPEL) y no están a disposición de la Diputación, según sentenció en su día el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Desde la Diputación de Gipuzkoa, su portavoz Larraitz Ugarte (Bildu) defendió la importancia de buscar la mayor sintonía posible en materia fiscal, aseguró que son conscientes de la situación que atraviesa el tejido empresarial debido a la crisis y que ellos no quieren «ahogar a nadie». GARA
La Mesa del Parlamento de Gasteiz rechazó tramitar una propuesta presentada por el PSE para solicitar que, tal y como planteó el lehendakari Patxi López el pasado 29 de setiembre, el Pleno de la Cámara sea el escenario de un debate sobre fiscalidad en el que participen el Gobierno de Lakua, los grupos parlamentarios y representantes de las tres diputaciones.
Ese mismo día, los responsables de los entes forales, gobernados por PP (Araba), PNV (Bizkaia) y Bildu (Gipuzkoa) ya le recordaron que el Parlamento autonómico no es el foro indicado, puesto que carece de competencias en la materia. GARA
