Desde el 1 de octubre cualquier persona que inice un procedimiento en las jurisdicciones civiles, comerciales, sociales o administrativas en el Estado francés debe abonar un timbre de 35 euros como contribución a la financiación de la reforma del sistema de detención. La tasa, no afecta a la jurisdicción penal.

También quedan exentos algunos procedimientos (tutela, liquidaciones judiciales, contenciosos que afecten a los extranjeros ante el juez de Menores o de las Libertades...), así como aquellas personas que, por carecer de medios, se beneficien de la asistencia jurídica gratuita.

Los sindicatos son los que más están reaccionando contra la medida. La CGT, CFDT, FO y UNSA de Ipar Euskal Herria acaban de interpelar a los nuevos senadores al considerar que los trabajadores resultan particularmente afectados en los procedimientos judiciales laborales y que se trata de una medida que va contra la «gratuidad de la justicia» y «vulnera el principio de igualdad de acceso» establecido por el Convenio de Derechos Humanos.