La Audiencia Nacional española condenó el lunes a Josu Rodríguez y a Mikel de Gregorio a cuatro años de prisión por un delito de «deposito de artefactos incendiarios con la finalidad de alterar la paz social». Asimismo, impuso una inhabilitación de diez años a los dos jóvenes vizcainos detenidos en el año 2007 durante el transcurso de una operación policial.

En la sentencia, publicada este mismo lunes, el tribunal considera probada la existencia de dos «zulos», situados en los aledaños de la autovía de Uribe Kosta, en los que, según el documento publicado por la Audiencia Nacional, Mikel de Gregorio y Josu Rodríguez «tenían escondidos efectos para realizar acciones violentas indeterminadas».

Por otro lado, la Audiencia absolvió al resto de detenidos en la citada operación, realizada, supuestamente, con el objetivo de desarticular un grupo relacionado con «la estructura de ETA». Entre los arrestados en aquella acción policial contra once jóvenes de Uribe Kosta figuran Aner Mimenza, Lander Labajo, Juan Bautista Galdiz, Gorka Oribe, Joseba Elorriaga, Jon Rosales, Mikel Rekarte, Txomin Gezuraga y Zigor Goikoetxea.

Sin embargo, para algunos de los absueltos el daño ya está hecho. Sirve como ejemplo el caso de Aner Mimenza que ha pasado dos años en prisión provisional para luego ser absuelto de un delito de «daños con la finalidad de atemorizar a la población». En la misma situación se encuentran Lander Lobajo y Joseba Elorriaga, que han pasado dos años encerrados sin juicio.

No menos graves son los casos de Juan Bautista Galdiz y Gorka Oribe, que han permanecido seis meses en prisión por un delito que, después de cuatro años de espera, resulta que no han cometido.

Solidaridad

Durante el último mes se han repetido las muestras de solidaridad con los once jóvenes de Uribe Kosta. El pasado mes de septiembre, los encausados comparecieron junto a los responsables de la plataforma Eleak, para denunciar haber sido víctimas de torturas y malos tratos en dependencias policiales durante las jornadas posteriores a su detención. Además, el pasado día 23 de septiembre una marcha recorrió las principales calles de Algorta para reivindicar la inocencia de los detenidos, y al mimos tiempo reclamar los derechos de la juventud de Euskal Herria.

El proceso contra los jóvenes de Uribe Kosta comenzó en el año 2007, cuando el juez Baltasar Garzón envió a la prisión de Soto del Real a siete de los detenidos en una operación policial orquestada contra la juventud de la margen derecha.

Tras la entrada de los mismos en el complejo penitenciario, las familias de los jóvenes iniciaron un tortuoso proceso para tener a los detenidos de nuevo en Bizkaia. Una lucha que trajo consigo un importante gasto síquico y económico para los afectados, ya que, en algún caso, las fianzas impuestas contra los encarcelados alcanzaron los 30.000 euros.