Diferentes representantes institucionales de Bildu, entre los que se encontraba la parlamentaria navarra Aitziber Sarasola y el alcalde de Arrasate, Inazio Azkarragaurizar, se dieron cita ayer en un céntrico hotel de Gasteiz con un objetivo: reivindicar una nueva política fiscal que ayude a sufragar las deudas de las instituciones vascas.

En la rueda de prensa, el juntero alavés Patxi Martínez de Albéniz y la concejal gasteiztarra Itziar Ameztoy reivindicaron una «profunda» reforma fiscal que traiga consigo la recuperación del impuesto de patrimonio y el incremento del IRPF a las rentas de capital. Todo lo necesario para reducir las deudas de ayuntamientos como el de Dima, que arrastra un adeudo de 2,5 millones de euros; o el de Agurain, que debe más de un millón de euros.

Tal como explicaron los dos portavoces, la solución para hacer frente al déficit que afecta a los instituciones vascas, generado por la política «neoliberal» puesta en marcha por PSOE, PP, PNV y UPN, no pasa por imponer nuevas cargas fiscales a los ciudadanos. «Estamos obligados a mantener el equilibrio. A la hora de conseguir nuevos recursos hay que mirar a los que más tienen», añadieron.

Asimismo, los presentes solicitaron la puesta en marcha de nuevas medidas en la lucha contra el fraude social y contra el empleo sumergido. Dos ideas, presentadas esta semana ante el Consejo Vasco de Finanzas, con las que conseguir recursos públicos que saneen las cuentas municipales y forales de Euskal Herria.

Caso de Nafarroa

Durante su comparecencia ante los medios, los dos representantes de la coalición abertzale criticaron las «complejas y grandes obras faraónicas» erigidas en los siete herrialdes vascos y que han conllevado «el vacío de las arcas» públicas.

Esta situación se ha dado con un especial protagonismo en Nafarroa, donde los diferentes Ejecutivos de UPN han promovido la construcción de grandes infraestructuras como el TAV, el circuito de Los Arcos, el Reyno Arena y la Autovía del Camino.

Acerca de esta última obra, que une Iruñea con Logroño, cabe destacar que los 300 millones de euros presupuestados en un primer momento resultaron inútiles, ya que el precio final ascendió a más de 1.500 millones, 16 millones por kilómetro.