Tras quince meses de instrucción, el fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, ha solicitado la apertura de juicio oral contra contra el ex burukide Aitor Tellería y contra los ertzainas Carlos Lau y Luis Alfonso Acha, todos ellos implicados en una presunta trama de espionaje político descubierta a raíz de una operación anti-corrupción desarrollada durante el año 2010.

En el texto presentado por la Fiscalía, Josu Izagirre solicita penas de cuatro años de prisión para los tres imputados, y les reclama un pago de 342.000 euros para sufragar las indemnizaciones de las 21 personas afecta- das por la supuesta trama de espionaje.

Asimismo, en el escrito la Fiscalía alavesa exige una multa de 540 euros para los implicados y pide que, en el caso de que estos no puedan pagar, se declare responsable civil subsidiario al Ejecutivo autonómico, que debería afrontar los pagos de las indemnizaciones.

Además, en la calificación fiscal se señala que los dos agentes de la Ertzaintza son los «autores directos» de un delito continuado de violación de secretos e imputa a Tellería como «cooperador necesario» en la trama. Por ello, Izagirre propone que, en el caso de ser declarados culpables, los imputados sean suspendidos de empleo y cargo público durante un periodo de tres años.

Por último, en el texto presentado ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de Gasteiz, Izagirre exige que los implicados depositen 500.000 euros ante el tribunal para asegurar el pago de las responsabilidades civiles que les imputa el Ministerio Fiscal.

Los supuestos espiados

Los tres implicados fueron detenidos en el año 2010, cuando saltó a la luz un presunto caso de cohecho que afectaba a una quincena de personas vinculadas al PNV alavés, entre las que se encontraban el ex diputado de Administración Local, Alfredo De Miguel, y el propio ex burukide Aitor Tellería.

Durante los registros efectuados a raíz del citado caso, la Ertzaintza encontró un disco duro externo perteneciente a Tellería. Un dispositivo donde el imputado almacenaba información detallada sobre una veintena de políticos, periodistas y empresarios y agentes de la Ertzaintza.

Tras estudiar el hallazgo, el juzgado decidió abrir una investigación al respecto, y unas semanas después anunció la detención de los dos agentes de la policía autonómica, vinculados a la unidad antiterrorista de la Ertzaintza. En concreto, uno de los implicados era el jefe de la Unidad de Información y Análisis del citado cuerpo policial.

Según explica en su texto el fiscal, los dos agentes contactaron con Tellería en una fecha anterior a junio del 2008, cuando el jelkide, que figuraba en la Ejecutiva del PNV en Araba, se encargaba de recoger las denuncias de tipo político que llegaban al partido. Fue entonces cuando los dos ertzainas acordaron pasar información al ex burukide, y elaboraron varias listas de personas a las que, en su opinión, se debía realizar un seguimiento.

Entre los nombres figuraban dirigentes del PSE como Patxi Lazcoz, Txarli Prieto y Juan Carlos Alonso; el miembro del PP en Aiara Santiago Abascal; el director adjunto de la patronal de Araba (SEA), Aitor Otaola; y el periodista del diario estatal «La Razón» Jesús María Zuloaga, entre otros.

La documentación presentada por el Ministerio Fiscal recoge extractos de los documentos incautados, en los que figuran anotaciones como «llevaron al alcalde de Barcelona en un jet privado que pagó el Ayuntamiento. Ahora están fraccionando las facturas para que no se note», «es una persona que le gusta gastar el dinero de los demás, si se le hace un seguimiento de sus gastos y facturas se le pilla en algo».

Al parecer, en las mismas se señala a una persona vinculada al CNI, y se describe a un espiado que, tal como figura en el texto redactado por Izagirre, «introduce metadona en las cárceles» y «realiza negocios de venta de armas».

En total, el fiscal ha identificado a una veintena de afectados, algunos de los cuales figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como fuentes de la Unidad de Información, y otras como personas que se habían puesto en contacto con la Policía autonómica para hablar de su seguridad personal.

Ahora, después de quince meses, y tras la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento de Gasteiz, el fiscal solicita el inicio del juicio oral contra los implicados en la trama de espionaje. Si el juez acepta la lista de testigos del fiscal, muchos de los espiados verán por tanto cara a cara a sus supuestos espías.