Condena a represores de la dictadura argentina
La ESMA, un largo proceso que acaba con 12 cadenas perpetuas
Tras 22 meses de juicio, familiares, supervivientes y organismos de derechos humanos festejaron la sentencia contra 18 altos mandos de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) acusados de la privación ilegítima de libertad y muerte de 86 personas, una cifra muy alejada del cómputo total de detenidos que pasaron por uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la última dictadura argentina.
Ainara LERTXUNDI | DONOSTIA
Han sido casi dos años de juicio, en los que 160 testigos, entre ellos 79 supervivientes, han recordado parte de los operativos del grupo de tareas 3.3.2 y el calvario vivido en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura argentina, por el que pasaron 5.000 detenidos, la mayoría desaparecidos.
No ha sido un proceso fácil. Los retrasos, en ocasiones provocados por los abogados de la defensa, han sido una constante. Algunas declaraciones llegaron a durar hasta cinco horas. En el último tramo del juicio, se llegó a conceder hasta un mes a las «últimas palabras» de los acusados. Incluso, la lectura de la sentencia se retrasó dos horas, lo que abrió la puerta a todo tipo de especulaciones, más teniendo en cuenta los antecedentes del Tribunal.
En el primer juicio a los jefes de la ESMA, este mismo Tribunal, salvo uno los jueces, absolvió a tres de los cinco acusados y no pudo garantizar la seguridad del prefecto Héctor Febres, muerto en prisión por aparente envenenamiento con cianuro días antes de leerse la sentencia.
El miércoles por la tarde, las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto; las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Laura Conte; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el presidente del Centro de Estudios Legales, Horacio Verbitsky, y familiares directos de las víctimas así como supervivientes aguardaron acompañados de múltiples organismos de derechos humanos la lectura del dictamen, que no dudaron en calificar de «histórico».
En total han sido 18 acusados, 12 cadenas perpetuas, 2 absoluciones y 86 víctimas. Entre los casos más emblemáticos está el del «grupo de la Santa Cruz», en el que un grupo hombres armados comandados por el marino Alfredo Astiz, «el ángel de la muerte», secuestró e hizo desaparecer a doce personas, entre ellas tres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.
Años después, gracias a la aparición en prensa de una foto suya firmando la rendición de la Malvinas, fue reconocido por las madres como el joven de ojos celestes y mirada angelical que un día se acercó a ellas bajo el argumento de que tenía un hermano desaparecido. Nadie sospechó en aquel momento de que el tal Gustavo Niño era en realidad un agente infiltrado de la Armada, cuyo único propósito era descabezar el incipiente movimiento de madres, a quienes fue señalando una por una el mismo día del secuestro en la iglesia de la Santa Cruz, donde se reunían. Astiz se valió de la buena voluntad de estas mujeres, que lo acogieron y protegieron como a un hijo, como al hijo que probablemente él había contribuido a detener y desaparecer. No paró hasta convertirse en íntimo de Azucena Villaflor, primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, a quien posteriormente torturó y mató en uno de los Vuelos de la Muerte. Su cuerpo, junto a las de las madres María Eugenia Ponce, Esther Ballestrino, al de la monja Léonie Duquet y la activista pro derechos humanos Angela Auad apareció a mediados de diciembre de 1977 en una playa de la Costa Atlántica. Fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle e identificados en 2005 por el Equipo de Antropología Forense.
La singularidad de este caso radica en que, por primera vez, se pudo comprobar la existencia de los vuelos de la muerte. Los forenses llegaron a la conclusión de que, posiblemente, murieron por el impacto de la caída al mar desde una altura.
El nombre de Astiz también aparece vinculado a la detención de la adolescente danesa Dagmar Hagelin, vista por última vez en la ESMA y por cuya liberación llegó a pedir el ex presidente de EEUU, Jimmy Carter.
Otro de los casos más notorios de este proceso ha sido el del periodista y escritor Rodolfo Walsh, autor de la carta Abierta a la Junta Militar.
Este juicio, que comenzó el 11 de diciembre de 2009 con una más que concurrida sala y la actitud altiva de los acusados y sus familias, ha abierto la puerta a nuevos procesos judiciales, entre los que se incluye la violencia sexual ejercida contra las detenidas.
Las querellas pidieron que los relatos de algunas supervivientes que detallaron las violaciones y vejaciones a las que ellas o compañeras suyas de cautiverio fueron sometidas sean considerados como delitos de lesa humanidad. Esta causa reposa ahora en el Juzgado Federal número 12 de Sergio Torres.
«Es uno de los temas en que venimos trabajando hace tiempo. Los compañeros al principio necesitaban contar el secuestro y todo lo demás y, después, es como que uno va desentrañando o redescubriendo dónde estuvo: las intenciones del otro, cómo te manejabas. Ahora se escucha esto porque en el Juicio a las Juntas hubo testimonios de violaciones y se pasaban de largo como una tortura más, creo que ahora hay otra escucha, se puede escuchar otro lado de lo que pasó», manifestó la superviviente Marta Álvarez.
«Feminización» forzosa
A lo largo de estos 22 meses, ex detenidas desaparecidas han remarcado el sometimiento sexual que muchas sufrieron incluso estando embarazadas.
En su alegato final, el Centro de Estudios Legales y Sociales subrayó que «una particularidad de la ESMA era la perversa actitud de feminizar a las detenidas: era común que las despertaran en mitad de la noche para llevarlas a cenar o bailar, previo obligarlas a vestirse o maquillarse».
Adriana Marcus corroboró con su testimonio este extremo. «A ver subversivas, nos dijeron una vez, ¡vístanse de mujeres!. A mí un día me llevaron a cenar. Era muy difícil esa situación. Nosotras tratamos de intervenir lo menos posible. Tampoco quedarnos calladas; era como estar en el filo de la navaja; entre no traicionarnos y tampoco abrir un debate para quedarnos en inferioridad y que nos volviesen a meter en Capuchita -la zona donde se torturaba-», declaró. Miriam Lewi recordó cómo Cristina Aldini lloró amargamente en el baño después de que le sacaran a la calle para bailar. A su compañero lo habían matado poco antes.
Legitimación de la militancia
Las declaraciones de los testigos también han contribuido a poner rostro a las víctimas, a conocer su militancia, su ideología y su entorno más cercano.
«En el juicio a las Juntas uno sentía que lo fundamental era dejar constancia, probar eso que había ocurrido. Los supervivientes sentíamos la necesidad de contar lo que nos había ocurrido, los nombres, pero dominado por prueba de una situación donde no se podía hablar de militancia política, había que disminuirla, había una zozobra grande y cierto temor de que los abogados de la defensa te impugnaran por la presencia de la teoría de los dos demonios», manifestó Lila Daleo.
De hecho, durante el juicio, los abogados defensores recurrieron a la teoría de «los dos demonios» cuando no alabaron directamente «el heroísmo de lo mártires».
Para Graciela Daleo, es tiempo de «decir que hubo una persecución política y de destruir la idea de que a los individuos se los llevaban aisladamente».
El Tribunal dictó 12 cadenas perpetúas contra Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Néstor Savio, Raúl Scheller y Ernesto Weber; penas de 25 años para dos represores, otra de 20 años, una más de 18 años y dos absoluciones.
El Parlamento uruguayo aprobó ayer la iniciativa del Frente Amplio (FA) para restablecer la capacidad punitiva del Estado sobre los crímenes de la dictadura, con 50 votos sobre 90, tras un debate que duró mas de 12 horas, en un ambiente de tensión pocas veces visto en la Cámara.
Los parlamentarios dejaron patente, durante un extenso debate sobre un proyecto de ley para evitar la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985), las posturas irreconciliables existentes sobre la interpretación de ese período y cómo cicatrizar las heridas del pasado.
La sesión se fue cargando de gestos y acusaciones de uno a otro bando y culminó con gritos y aplausos de los legisladores del FA y del numeroso grupo de jóvenes que esperó en las gradas del congreso durante toda la sesión para dar su apoyo a la medida.
El debate y votación de esta ley es el último paso legislativo necesario para ratificar una norma aprobada por el Senado el martes, y que apunta a restablecer la capacidad punitiva del Estado sobre los crímenes de la dictadura y declararlos como delitos de lesa humanidad para hacerlos imprescriptibles.
Ahora para que la ley entre en vigor basta con su promulgación por el presidente, José Mujica, que ya anunció que lo hará hoy. La idea es que la norma se pueda aplicar antes del 1 de noviembre, día se cumple el plazo decretado por la Suprema Corte de Justicia para la prescripción de los crímenes como violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por representantes del Estado entre 1973 y 1985.
El debate se centró en dos aspectos claves: la necesidad de luchar contra la impunidad, defendida por el FA, y la vulneración que esta propuesta supone para la decisión de los ciudadanos en dos referendos en los que votaron por mantener la Ley de Caducidad, opción asumida en bloque por los opositores Partido Nacional, Colorado e Independiente. A. M. (EFE)