ELA criticó ayer la congelación de salarios en la administración pública y el crecimiento cero de plantilla recogidos en el proyecto de presupuestos de 2012 y acusó al Gobierno de Gasteiz de imponer «un modelo a la griega» en el que se pretende «consagrar la pérdida de derechos y empobrecer las condiciones de trabajo» de los empleados.

En una nota de prensa, esta central opina que la congelación salarial y el crecimiento cero de las plantillas públicas previsto en las cuentas del próximo año suponen «castigar sobremanera» a este colectivo y convertirlo en «pagano de una situación que en absoluto ha provocado», además de «empeorar la economía real y generar más paro».

ELA recuerda que estas medidas se añaden a la reducción salarial del 5% de 2010 y a la congelación de salarios de 2011, con lo que la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo «se sitúa en torno al 13%».

El sindicato opina también que la «destrucción de empleo público abre la puerta a favorecer los intereses de privatización de los servicios públicos» y califica de «irresponsable» que, en una situación de crisis como la actual, se opte por el «adelgazamiento del sector público y el recorte del gasto social».

Por su parte, UGT-Euskadi advirtió de que «castigar a los empleados públicos con continuas rebajas y congelaciones de salarios no es una medida que ayude a reactivar la economía, sólo es castigar a los trabajadores y al empleo público por una crisis que proviene del mundo financiero».

Ayudas sociales

El sindicato ESK hizo alusión a la reducción de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos y denunció que Lakua ha abierto una «auténtica guerra» contra el sistema vasco de lucha contra la pobreza y la exclusión. «El lehendakari Patxi López, con la consejera Gemma Zabaleta a la cabeza, se han propuesto desmantelar uno de los elementos más importantes de nuestro sistema social, justo cuando más gente empobrecida y necesitada hay en nuestra sociedad».

En este sentido, destaca que «por primera vez», va a reducir las cuantías de las prestaciones sociales «más importantes» como son la RGI, la Prestación Complementaria de Vivienda, así como la congelación de las AES, lo que afectará a cerca de 54.000 familias.

STEE-EILAS también lamentó que el proyecto de presupuestos aprobado suponga una «reducción» de gasto social y el «debilitamiento» de los servicios públicos. Asimismo, denuncia la «falta de valentía» del Gobierno autonómico para «explorar políticas fiscales más progresivas».