La organización de la Conferencia Internacional de Paz por Lokarri y el Grupo Internacional de Contacto, en colaboración con cuatro fundaciones de resolución de conflictos del máximo nivel mundial, ha funcionado como un mecanismo de relojería. Los asistentes y quienes la respaldaron representaban de modo indiscutible la opinión de la comunidad internacional sobre la resolución de conflictos en el mundo: Kofi Annan, Jimmy Carter, el senador Mitchell, Gro Harlem Brutland, y todos los protagonistas de la resolución del conflicto de Irlanda del Norte, Tony Blair, Gerry Adams, Bertie Ahern, Jonathan Powell, además del francés Pierre Joxe.

Estas presencias, sumadas a la eficaz red de mediaciones (Rufi Etxebarria-Urkullu, Urkullu-PSE/PSOE y PP vasco/PP español), convirtieron la peor de las pesadillas de las fuerzas españolas, la internacionalización del proceso, en una oferta imposible de rechazar. La coexistencia del disgusto por la iniciativa, pues cortocircuita un cierto tipo de nacionalismo de Estado que necesita un enemigo interior, y de la imposibilidad de rechazarla, provocó difíciles equilibrios: presencia del PSE pero no del lehendakari, ausencia hostil del PP pero contención de Rajoy... En la Conferencia estaban, sin embargo, todas las demás fuerzas políticas y sociales vascas, con la asistencia simbólica de observadores de las fuerzas francesas.

Los cinco puntos de la Declaración de Aiete son taxativos. Tras afirmar el preámbulo su apoyo a la «finalización de la última confrontación armada en Europa», el punto primero llama a ETA a hacer «una declaración de cese definitivo de la actividad armada» y a solicitar diálogo con los gobiernos español y francés sobre «las consecuencias del conflicto». Si se hiciera la declaración, el punto segundo llama a los dos Gobiernos a iniciar conversaciones para tratar de estas consecuencias. El punto tercero insta a avanzar en la reconciliación, véase la compensación de las víctimas y el reconocimiento del dolor causado.

El punto cuarto trata de las expresiones del conflicto desligadas de la violencia. Se dirige por ello a «los actores no violentos y a los representantes políticos», sugiriéndoles que discutan cuestiones políticas seguidas de consulta a la ciudadanía para alcanzar una paz duradera. Se aconseja igualmente acudir a facilitadores internacionales del diálogo. Los firmantes de la Declaración se muestran dispuestos en el punto quinto a organizar un comité de seguimiento.

Tres días más tarde, el 20 de octubre, ETA hace pública una declaración tan irreprochable como escueta, pues se limita a responder al llamamiento que le hace la Conferencia en su punto primero. Declara, en los mismos términos que ésta, «el cese definitivo de su actividad armada», y hace «un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un diálogo sobre la resolución de las consecuencias del conflicto y superar así la confrontación armada».

El peso de la Conferencia ha forzado al presidente Zapatero y a los candidatos Rajoy y Rubalcaba a dar por buena la Declaración de ETA, desoyendo a la caverna mediática, las asociaciones de víctimas y las de militares y policías que la ninguneaban. Se ha seguido manteniendo, sin embargo, el discurso de la unilateralidad (no hay víctimas más que en un lado), de la inaceptabilidad del diálogo con ETA sobre las consecuencias del conflicto (presos de ETA o de su «entorno»), o de la discusión con los «actores no violentos» sobre las cuestiones políticas.

Pero la Conferencia de Paz desnuda el argumento de que el único conflicto era el creado por ETA. Confirma asimismo que lo que cuenta es la declaración de cese definitivo de la actividad armada, y no la disolución, consecuencia de la resolución de una consecuencia del conflicto en forma de liberación de los presos, o la entrega de las armas, cuyas complicaciones técnicas suelen requerir la presencia de verificadores internacionales.

Respecto a las víctimas, Aiete pone en relación el reconocimiento del dolor causado con la reconciliación, la que es incompatible con la visión unilateral que habla sólo de las víctimas de ETA, 850, y no de las causadas por las distintas formas represivas del Estado, cerca de 500. Transformar el dolor en odio y deseo de venganza tal vez sea humano y comprensible, pero desde luego no admirable. Convertir ambos sentimientos en el eje político de algunas asociaciones de víctimas de ETA es inaceptable desde el punto de vista de la reconciliación. Y la asunción por ciertos partidos del rechazo a la «impunidad» de los victimarios de un bando no sólo atenta frontalmente contra las recomendaciones de Aiete, sino que oculta que aquélla ha sido otorgada sistemáticamente a los del otro bando.

El punto cuarto de la Declaración propone la discusión de las cuestiones políticas por «los actores no violentos y los representantes oficiales». En todos los conflictos nacionales se ha producido en alguna fase del proceso un reconocimiento de la nación reivindicada por una de las partes y de su derecho a decidir sobre sí misma, véase el derecho de autodeterminación. Existen precedentes de la presentación de tal reivindicación ante los representantes del Estado. Permítaseme describir una de ellas, la presentada por mí ante el Congreso de los Diputados el 21 de julio de 1978, hace ya 33 años.

Terminada la discusión en Pleno del Titulo Autonómico de la Constitución, me llegó el turno de defensa de la adición de un Título nuevo sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado. El ambiente era irrespirable: la víspera ETA había ametrallado y dado muerte en Madrid al General Sánchez Ramos y al Teniente Coronel Pérez Rodríguez. Entre consejos de retirar la enmienda, ahí bajé yo descorbatado a defenderla a la tribuna del hemiciclo. Esta vez no hubo suerte y sólo la votaron afirmativamente, además de mí, cuatro diputados, dos catalanes, uno de UCD y otro del PSOE. Fraga Iribarne me calificó en su explicación de voto de «despreciable personaje que defiende y justifica a los terroristas»; recuerdo que cuando le repliqué que ensañarse con el débil e insultar al rival era propio de fascistas, resonaron en el hemiciclo los aplausos de los diputados del PNV y de algunos parlamentarios de la izquierda.

Mucho se ha andado desde entonces, y hoy el derecho de autodeterminación, con esa denominación o con la de derecho a decidir, es un árbol frondoso. Hay un hilo directo entre mi defensa de este derecho en 1978 y la voluntad de Amaiur de reiterarla en Cortes en esta legislatura, continuidad que yo reivindico y confirmo.

Pero en lo que sueño es en que se presente como pueblo asumida por las dos culturas del nacionalismo vasco, y que, esta vez sí, sea seguida de efectos. Queda un largo camino para conseguirlo. Pero todos juntos lo recorreremos, socializando nuestra convicción de que es una demanda justa que no va contra nadie, que no es el derecho a decidir de los nacionalistas vascos, sino de todos los ciudadanos vascos cualquiera que sea su orientación política y, por supuesto, de los socialistas y los populares vascos.

La presentación de una iniciativa de este tipo no puede tener sino efectos liberadores sobre todos los pueblos del Estado: sobre los pueblos catalán y gallego, entre otros, pero también sobre el pueblo español. Los españoles, contrariamente a nosotros, tienen ya definido su marco político (con el problema, es cierto, y eso es lo que hay que reparar, de que incluyen en él a mucha gente que cuestiona su españolidad sin haberla consultado). Pero ¿puede definirse este marco como soberano cuando los mercados niegan toda capacidad de decisión, y por tanto de soberanía, a todos los pueblos, imponiendo sus decisiones sin derecho de réplica a sus gobernantes? Unámonos pues todos los pueblos para luchar juntos contra todas las causas, políticas, económicas, sociales, que nos impiden decidir sobre nosotros mismos. Como fruto de esta lucha unos recuperarán la soberanía de su marco político ya existente, y otros se verán libres para crear, si así lo desea una mayoría democrática, uno nuevo.