La presentación por parte del Gobierno de transición egipcio de un documento sobre los principios constitucionales que otorga al Ejército un estatus especial marcó el arranque oficial de la campaña para las elecciones del 9 de noviembre.

El documento reserva al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la prerrogativa para revisar todas las materias relacionadas con el Ejército -incluido su presupuesto- y aprobar la legislación relativa a las Fuerzas Armadas, sin que el Parlamento pueda intervenir.

Los partidos islamistas se ausentaron de la reunión en la que se presentó el documento, «obligatorio» en palabras del viceprimer ministro, Ali Al-Selmy, y duramente criticado por la mayoría de los partidos.

El texto incluye artículos que permiten a los militares interferir en el proceso de redacción de la nueva Constitución. De hecho, los militares podrían rechazar la Carta Magna si consideran que alguno de los artículos contradice la declaración constitucional que anunciaron en marzo.

Revolución secuestrada

Alaa Abdel Fatah, uno de los activistas más destacados durante las movilizaciones contra el régimen de Hosni Mubarak y recientemente detenido por denunciar la represión de la manifestación de los coptos del pasado 9 de octubre, ha denunciado desde la cárcel, a través de una carta, que la revolución ha sido secuestrada por el Ejército.

Abdel Fatah fue detenido el domingo después de criticar al Ejército por la muerte de 27 personas durante la manifestación. Los fiscales militares han acusado al activista de «incitar a la violencia contra el Ejército» y lo han condenado a quince días de prisión, pero tienen competencia para prorrogarla sine die.

Se estima en 12.000 el número de civiles que han sido detenidos y procesados por los tribunales militares instaurados tras la caída de Mubarak.