El Constitucional español ha decidido no suspender la ley foral que regula la constitución de registros de objetores de conciencia a la práctica de abortos. La resolución del citado tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP entró en la Cámara de Iruñea el lunes, según reveló ayer la portavoz parlamentaria del PSN, María Chivite, quien dijo que están «contentos» con la decisión.

Según comentó, en su fallo el TC «viene a decir que no se puede suspender la ley por una petición de cincuenta diputados», por lo que, en su opinión, «el PP hizo mas fuegos y artificios que una iniciativa real y factible, una chapuza tras chapuza».

El PP justificó en su día la presentación del citado recurso argumentando que lo aprobado suponía «una restricción fundamental al derecho básico de libertad de conciencia e ideología», así como que «no es compatible con la Constitución que una ley establezca restricciones al ejercicio de un derecho fundamental».

Precisamente, hace unos días, el Gobierno de UPN-PSN puso en marcha el registro de profesionales sanitarios que objetan al aborto, un año después de que su creación fuese refrendada por el Parlamento. Posteriormente a aquello, el PP interpuso el recurso que no ha conseguido paralizarlo, afirmando que suponía crear «listas negras».

La ley que lo regula salió adelante gracias a los votos de PSN -el grupo proponente-, NaBai e IUN -que introdujeron enmiendas transaccionales-, mientras que UPN y CDN se opusieron. Una vez que Yolanda Barcina pasó a ser presidenta del Ejecutivo navarro, volvió a insistir en que su partido se oponía a la legislación que avala el registro, aunque a renglón seguido apostilló que su gobierno «debe cumplir todas las leyes, aunque no le gusten».

La orden foral de la consejera de Salud, Marta Vera, fue rubricada el 3 de octubre, y en ella, al margen de la relación de profesionales de la sanidad que no se prestan a participar en abortos, se incluyen los centros públicos a los que las navarras podrán acudir para que se les interrumpa voluntariamente el embarazo, tal y como contempla la legislación española.

A partir de ahora, los ginecólogos, anestesiólogos, enfermeras, matronas y obstretas de Osasunbidea que no quieran participar en intervenciones de interrupción voluntarias del embarazo deberán manifestarlo por anticipado, inscribiéndose en el registro contra el que no dejan de clamar colectivos católicos, ultraderechistas y antiabortistas.