LAB exige recuperar el poder adquisitivo en el sector público
LAB pide la «recuperación del poder adquisitivo» de los salarios de los empleados públicos de las administraciones autonómicas de Gasteiz e Iruñea y que se «blinde» el marco de negociación para evitar intromisiones desde el Estado español. Llamó a los empleados a «unir fuerzas» y «a movilizarse, porque sólo así se conseguirán las mejoras». LAB cree que hay «suficiente riqueza para aplicar estas medidas, pero está mal repartida. Que se pongan las medidas», exige.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Arantxa Sarasola, responsable de la Federación de Servicios Públicos de LAB, aseguró ayer que exigirán en las mesas generales de las administraciones de Iruñea y Gasteiz la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 -un 13%- y potenciar el empleo para garantizar servicios públicos de calidad.
Según dijo, «los planes de desarrollo de los servicios públicos y la creación de empleo público» permitirán «proteger e impulsar los derechos y las necesidades sociales, e incluso, servirán de mecanismo de desarrollo económico en general. Hay que ampliar los servicios públicos para crear empleo de calidad, para mejorar las condiciones de vida de la gente y para así, dar un impulso a la demanda y la producción», remarcó.
Admitió que las actuaciones de las administraciones van en sentido contrario. «Optan por la privatización progresiva, el desmantelamiento, el deterioro de las condiciones laborales y la destrucción de empleo público», con lo que «cada vez destinan menos riqueza a servicios sociales básicos como la Educación, la Sanidad y la Protección Social. Nos alejamos de lo que están haciendo otros países avanzados», dijo.
Blindar la negociación
LAB exigió que «se blinde el marco de negociación colectiva en nuestro ámbito de actuación para que los acuerdos que aquí alcancemos no puedan ser modificados ni anulados por decretos y leyes del Estado español». Todo ello bajo «la mejora de las condiciones del conjunto de personas que trabajan para la Administración y los servicios públicos, junto a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios del sector».
Sarasola estuvo acompañada de Jon Urrusolo (Irakaskuntza), Begoña Tabera (Osakidetza), Jon Otegi (administración pública CAV) e Isabel Artieda (administración pública de Nafarroa). Remarcó que desde 2010 los trabajadores del sector público de las dos administraciones autonómicas han perdido alrededor de un 13% de poder adquisitivo y es por ello que LAB plantea para el próximo 2012 «recuperarlo» o «al menos, el IPC que hemos perdido desde el año 2010 por los recortes y la congelación salarial a la que nos han sometido». Otro dato que ofrecieron ayer en Bilbo fue que en Iruñea se ha constituido la mesa de negociación, al contrario que en Gasteiz, por lo que Arantxa Sarasola anticipó que ayer mismo presentaron solicitud para que se establezca y se pueda comenzar a negociar entre las partes.
Esa es una de la premisas que LAB avanzó ayer en la rueda de prensa y, unida a esta demanda, dijo que para llevar adelante «una verdadera negociación» no se tengan en cuenta los presupuestos presentados para 2012, que ya presuponen una congelación salarial. «De lo contrario -dijo la responsable de la Federación de Servicios Públicos- entenderemos que no hay negociación».
Movilizaciones
Para impulsar estas reivindicaciones, LAB convocará movilizaciones, que todavía están sin concretar. «Hacemos un llamamiento a los empleados y a los trabajadores de las administraciones públicas dependientes de los gobiernos de Iruñea y Gasteiz y a los empleados de los servicios públicos a unir fuerzas y a movilizarse, porque sólo así se producirán los cambios que pedimos».
Arantxa Sarasola reconoció que LAB es consciente de que estas reivindicaciones económicas, de empleo y de mejoras sociales para los empleados públicos tienen un coste presupuestario en un momento de crisis, pero recordó que esa situación cambiaría si se produjera una reforma en la política fiscal, ya que «el 10% de la población cuenta con el 90% de la riqueza».
Delegados de la Federación de Servicios de ELA se concentraron ayer ante el Gobierno foral navarro y ante el Ayuntamiento de Iruñea para denunciar «los recortes que van a sufrir las subcontratas del servicio de las administraciones publicas navarras».
Los recortes se extenderán a los servicios de limpieza, seguridad, gestión deportiva y jardinerías, entre otros, «lo que supondrá, si cabe, una mayor precariedad de estos colectivos, así como la pérdida de un número importante de puestos de trabajo en este momento de crisis y de un elevado nivel de paro».
ELA reiteró ayer a las puertas del Gobierno foral que preside Yolanda Barcina «la necesidad de aumentar el gasto social y de incrementar la presión fiscal, dando marcha atrás en las reformas aprobadas en los últimos años, que han supuesto bajar los impuestos a las rentas más altas, a los empresarios y al capital».
Recordó que «luchando contra el fraude fiscal e inspeccionando todas las rentas no salariales aumentarían los ingresos para que las administraciones no tuviesen que destruir empleo tal y como se está planteando en estos momentos». GARA