Durante mucho tiempo, a los agentes que se oponen a la construcción del Tren de Alta Velocidad en Euskal Herria, quienes promueven este proyecto les han acusado de mantener una actitud contraria al «progreso» y guiarse sólo por motivos ideológicos o de empecinamiento político. Un reproche que ha tratado de caricaturizar los argumentos expuestos contra esta infraestructura, proyectada hace décadas y sobre la que las instituciones -salvo contadas y locales excepciones- nunca han osado consultar a la ciudadanía. Sin embargo, a medida que se van conociendo más detalles de la obra queda de manifiesto que los empecinados, quienes se mueven básicamente por interés político -también por intereses económicos particulares-, son aquellos que quieren levantarla a toda costa.

Un informe de la fundación Sustrai afirma, con números, que el TAV no es rentable, no aporta avances sociales y no es sostenible medioambientalmente. El informe se refiere al tramo navarro del proyecto, pero no es difícil hacer la extrapolación al resto de los herrialdes, más aún cuando el estudio concluye que ni una sola de las líneas de Alta Velocidad que funcionan actualmente en el Estado español es rentable. En el caso de Nafarroa, el «negocio» del TAV es particularmente ruinoso ya que, además de adelantar 362,65 millones de euros para ejecutar las obras, lo que de entrada ya supondrá una pérdida de entre 45 y 60 millones por intereses, el coste que Fomento está dispuesto a asumir es significativamente inferior al que Renfe calcula que será necesario. Y esa diferencia, a nadie se le escapa, será finalmente abonada por la Hacienda pública navarra.

Dilapidar millones de euros en una infraestructura que no redundará en beneficio de la sociedad, cuando esa misma sociedad asiste a un recorte de los servicios básicos a causa de la crisis, es irresponsable. No hay razón para mantener un proyecto que ya está hipotecando, medioambiental y económicamente, a este país.