Una vez celebrada la segunda vuelta del proceso electoral, y una vez conocida la victoria del General Otto Pérez Molina, la noticia principal no es que la derecha se aúpa al poder en Guatemala. Nunca dejó de estar allí. Además, ambos candidatos eran fieles defensores de un estado limitado en derechos -que no en represión-, marcado por la impunidad y la violencia -el caso de la violencia machista es especialmente grave-; un estado que propugna un modelo socioeconómico extractivista, excluyente y ultraliberal, y que niega de manera sistemática los derechos de las clases populares, así como la plurinacionalidad del territorio.

Sí, es cierto, el grado de ambigüedad de ambos contendientes ha sido diferente: mientras que Pérez Molina hablaba sin ambajes de mano dura y de un modelo basado en las concesiones mineras y de otros bienes primarios a las transnacionales, Baldizón proponía una agenda de picoteo, mezclando en su programa la posibilidad de organizar un mundial de fútbol con la idea de establecer una décimoquinta paga, a la vez que recortaba los impuestos en base a un impuesto único personal -en uno de los países con la presión fiscal más baja del mundo-. Como lo oyen.

Por lo tanto, como decimos, la derecha en el poder no es el asunto. La noticia está en que será un genocida, el militar responsable de la política de tierra arrasada durante el conflicto armado en el Departamento del Quiché, quien tomará las riendas durante cuatro años del poder ejecutivo guatemalteco. ¿Y cómo puede ser -nos preguntamos- que el mismo pueblo que sufrió su violencia y represión lo elija ahora como presidente? Pues empezamos respondiendo que esta realidad se debe a que Guatemala es realmente un estado fallido, donde la impunidad campa a sus anchas, y donde no existen derechos ni de las personas ni de los pueblos; donde casi nadie en las clases populares cree en los procesos electorales como estrategias de cambio; continuemos respondiendo que la violencia actual, aunque bajo otro prisma, sigue siendo igual de protagonista de lo que era en los tiempos del conflicto armado; y, finalmente, hablemos de la estrategia de campaña del futuro presidente -una campaña que empezó hace 4 años-, en la que, gracias entre otras cosas a sus vínculos con la represión y con la economía ilegal, azuzó la ingobernabilidad a través de un aumento de la violencia sistemática, dentro de una lógica de «yo controlo la violencia, nadie puede pararla, sólo yo puedo, porque la puedo generar».

Ante esta nueva coyuntura, y ante la irrelevancia demostrada por los procesos electorales, la única alternativa constructiva y legítima pasa por la necesaria articulación de los movimientos sociales y comunitarios en torno a una agenda amplia y multidimensional, que aglutine indígenas, campesinado, comunidades, feministas, trabajadores y trabajadoras. Una agenda que permita plantear en clave política una estrategia de confrontación con el modelo hegemónico vigente. De esta manera, la unidad de acción, el entendimiento mutuo, y la articula- ción real de agendas sectoriales diversas, son los grandes retos que tiene la izquierda social por delante.

¿Y desde Europa, qué? ¿Qué debe hacer la izquierda europea ante esta nueva tesitura? Por supuesto, se deben estrechar al máximo los lazos de solidaridad -no confundir solidaridad sólo con cooperación internacional-.

Así, debemos participar en la generación y fortalecimiento de alianzas con dichos movimientos sociales guatemaltecos, desde apuestas comunes y luchas compartidas; debemos vigilar y denunciar la labor de nuestras transnacionales en Guatemala, con un impacto social, económico y ecológico tan dañino; y debemos enfrentarnos conjuntamente a los Acuerdos de Asociación (ADA), entre Centroamérica y la Unión Europea, que apuestan por un modelo de capitalismo salvaje.

El General ha vuelto, el genocida regresa con banda presidencial. General, tenga usted bien claro que tendrá en frente a la izquierda de aquí y de allá, no le tenemos miedo.