El Gabinete de Benjamin Netanyahu dio luz verde a una propuesta de ley para asfixiar económicamente a las ONG críticas con la ocupación y la colonización de los territorios ocupados.

Con diez votos a favor -entre ellos el del primer ministro- y cinco en contra, la propuesta prevé limitar la financiación pública, tanto estatal como internacional, para las ONG «que intentan influir en la políticas diplomática o de seguridad de Israel» e incluye la amenaza de imponerles impuestos draconianos. Esta legislación, que deberá ser votada en la Knesset, afectaría directamente a las ONG situadas en la izquierda y que reciben, sobre todo, subvenciones de la UE.

No afectaría para nada a las ONG de extrema derecha y que financian la colonización con el apoyo de organismos privados judíos o de grupos fundamentalistas cristianos de EEUU.

El mismo Gabinete aprobó otra propuesta de ley que permite perseguir a todos aquellos artistas, académicos o asociaciones que se nieguen a actuar o a dar conferencias en las colonias judías, o que llamen al boicot de sus productos.

Ayer mismo, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecyo de ley por el que busca insertar un juez derechista en la Corte Suprema. No contento con ello, la semana próxima tratará de aprobar en sede parlamentara una propuesta que garantiza a la Cámara el derecho de veto sobre la designación de los jueces de la Corte Suprema, bestia negra de la extrema derecha y los ultraortodoxos.

Como guinda, un grupo de diputados adscritos a la mayoría propone agravar la legislación sobre difamación para poder actuar contra periodistas catalogados de «antinacionales».