«Nosotros, ex presos, exiliados, familiares de deportados, de presos muertos en prisión, de víctimas de los diferentes episodios de guerra sucia, militantes acosados policial y judicialmente. somos la prueba viviente de la hipocresía de París y Madrid. Somos la verdad que, a pesar de sus esfuerzos, es imposible de de ocultar». Es una de las rotundas frases del mensaje lanzado ayer, en Baiona, por Emilie Martin y Marie-Claire Gramont en nombre de las cerca de cincuenta personas que comparecieron para exigir una «solución integral del conflicto político», del que «somos la consecuencia y no la causa, como los estados francés y español se empeñan en afirmar».

Las dos portavoces de los allí presentes habían denunciado previamente la «reacción totalmente decepcionante y lamentable» mostrada por ambos estados respecto al proceso de resolución puesto en marcha en Euskal Herria «gracias al enorme trabajo realizado por la izquierda abertzale y al compromiso de numerosos agentes políticos y sociales vascos e internacionales».

En su alocucion, les recriminaron haber «retomado tranquilamente su actuación represiva después de felicitarse por lo que denominan una victoria de la democracia». Destacaron, además, la actitud «especialmente capciosa» mantenida por el Estado francés, «que continúa calificando el conflicto vasco como un problema español».

Así, reiteraron que el autocalificado como «país de los derechos humanos y campeón en dar lecciones de moral y democracia al mundo entero es parte integrante en este conflicto».

Múltiples ejemplos

Para reforzar dicha aseveración, señalaron que participa en la «política de destrucción» de los 137 militantes presos en sus cárceles, en la «política criminal aplicada a las familias y amigos de presos obligados a recorrer miles de kilómetros para visitarlos, en el «acoso hacia los exiliados políticos», en la deportación de decenas de ellos y en el «apoyo total» a las acciones del GAL o la desaparición de Jon Anza, hallado luego muerto en su territorio. Añadieron su «responsabilidad en la desaparición aún inexplicada de Popo Larre y en la muerte de militantes vascos», en particular las sucedidas en sus cárceles.

En este recorrido, no obviaron tampoco otras manifestaciones de la política represiva como «las extradiciones, entregas y euroórdenes; el aval que otorga París a la práctica de la tortura, a las ilegalizaciones de movimientos políticos y sociales y a la criminalización de la solidaridad; la elaboración de fichas sistemáticas a militantes y ciudadanos o la falta de respuesta y el desprecio que demuestra a la dinámicas, proyectos, reivindicaciones o propuestas que emanan de este pueblo».

Entre las decenas de personas que participaron en la rueda de prensa, además de varios abogados y miembros de Askatasuna y de EKB/CAR, se encontraban Kristiane Etxaluz y Haitz Aldana, familiares de deportados; Janine Beyrie, Clara Rouget, Jokin Aranalde y Maite Esnal, familiares de presos; los ex presos Eliane Etxebarria, Ibai Agirrebarrena, Iker Elizalde y Lurdes Urdan- pilleta; los exiliados Itziar Imaz, Arrate Urreisti, Eloy Uriarte; Anttoni Galdos, madre de Oihane Errazkin, muerta en su celda de Fleury Mérogis; Gregorio Plazaola, padre de una de las jóvenes a las que se aplicó la euroorden; y jóvenes que, tras ser detenidos y fichados, han sido procesados por su militancia.

Resolución integral

Todos ellos hicieron un llamamiento particular al Estado francés para «que cese la represión y respete los derechos de todos, en especial los de los presos». Un colectivo que, junto al de los exiliados, consideran que «debe ser partícipe del proceso de resolución para que éste sea democrático e integral».

Los comparecientes en Baiona reiteraron su compromiso y determinación para proseguir «con energía la lucha por el respeto de todos los derechos».

En ese sentido, todos los presentes se adhirieron a la manifestación en favor de la resolución democrática que ha sido convocada por diferentes partidos y agentes políticos y sociales para el próximo 10 de diciembre en Baiona.

Como último mensaje, invitaron a la ciudadanía vasca en general a participar en la misma, así como en todas las movilizaciones que se vayan sucediendo en Euskal Herria «hasta lograr el respeto de nuestra palabra y derechos».