ELA denuncia la inminente apertura «en precario» de la prisión de Zaballa
GARA |
ELA ha denunciado la inminente apertura «en precario» de la cárcel de Zaballa, procesó que se inició el 23 de noviembre y finalizará, según el plan de Instituciones Penitenciarias en marcha, el 12 de diciembre con el traslado de la totalidad de los presos de Langraiz. El sindicato se suma así a las críticas que viene cosechando la apertura de la prisión y las dudas que existen sobre la pervivencia de la vieja cárcel de Langraiz, que desde muchos sectores se advierte de que no se clausurará, tal y como han dicho diversos responsables del Ejecutivo español.
La central abertzale manifiesta en su comunicado que abrir un centro penitenciario con menos del 50% de la plantilla necesaria para que la cárcel puede funcionar, «supone poner en riesgo la seguridad general del centro y de los trabajadores, así como un deterioro inadmisible de las actuales condiciones de trabajo». ELA advierte de que las posibles consecuencias que «pueda traer esta atropellada apertura, en ningún caso serán responsabilidad» de los funcionarios.
Para el sindicato, la decisión de la apertura «en precario» de Zaballa, «es una decisión que responde exclusivamente a intereses partidistas». Por ello, exige que la nueva prisión no se abra sin el personal necesario que garantice la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los propios presos que lo habiten.
Perjuicios
ELA aboga por unos servicios públicos de calidad y el hecho de abrir esta cárcel «en precario, conlleva también un deterioro inadmisible del servicio que se presta a los internos y a sus familias».
En un comunicado de la sección de Servicios Públicos de la central abertzale, Gizalan, la coexistencia de las prisiones de Langraiz y Zaballa, ambas en Araba, «incumple flagrantemente todos los compromisos adquiridos por el equipo del partido socialista encabezado por la señora Gallizo y supone -remarcan en su reflexión- un despilfarro escandaloso en una época de recortes y ajustes».
Asimismo, ELA exige que se dé a conocer públicamente el coste económico que supondrá para el contribuyente «mantener la colonia penitenciaria de la antigua cárcel abierta».