Su padre, Santiago Busto, ex trabajador de Garaje Moderno en Gasteiz, falleció en 1997 debido al amianto. Junto a su hermano, Santi, se movió para hacer frente a esa injusticia que supone que un trabajador se contamine con ese mineral cancerígeno por falta de medidas de seguridad y de prevención por parte de las empresas y, además, él o sus descendientes tengan que demostrar ante los magistrados que durante su vida estuvieron en contacto con el amianto. Nuria Busto es abogada de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) y se mantiene firme en la lucha por conseguir un Fondo de Compensación que permita que se termine con la judicialización y el sufrimiento de cada afectado.

Asviamie controló 12 muertes por amianto en 2008; un año después, se elevó a 18 muertes. En 2010, llegaron a 24, y en 2011 suman ya 13 fallecidos. Esa asociación recibe al mes a siete familiares o afectados del mineral cancerígeno. Nuria Busto reconoce que se han dado pasos adelante, pero queda «mucha batalla y mucho muro por derribar. Estamos dispuestas», dijo.

¿Qué saca en claro de este tema como abogada y afectada por el amianto?

Afortunadamente ha habido una evolución a nivel judicial y de las propias autoridades en la manera que están afrontando la problemática del amianto. Desde el momento que sufrí mi experiencia personal con el fallecimiento de mi padre en 1997. Catorce años después, se percibe una evolución, aunque todavía queda muchas cosas por cambiar y muchas barreras por derribar. Estamos viendo que el esfuerzo que venimos haciendo desde la asociación de afectados y de otras asociaciones de otras comunidades autónomas está dando algunos frutos que nos anima a seguir adelante.

¿Qué falta por cambiar y cuáles son esas barreras por derribar?

La lucha más importante y la que concentra la mayor denuncia del colectivo de afectados es la necesidad y obligación de acudir la vía judicial una y otra vez para garantizar nuestros derechos. En cambio, vemos que en otros países la problemática del amianto se afrontó con mayor prontitud y están a otros niveles. Hay un cierto reconocimiento por las autoridades de la problemática y la situación de los afectados a efectos de no tener que andar, como lo hacemos aquí, de judicialización de los procedimientos. Podemos estar cinco años con un tema con la inseguridad jurídica que conlleva. Porque, aunque vemos que los temas van saliendo bien, no vemos que haya una seguridad jurídica a la hora de afrontar el problema, ya que tenemos un diagnóstico, unos antecedentes laborales, pero muchas veces no es suficiente para decir que el tema está ganado. De hecho, a veces, los temas se pierden, aunque lleves todas tus bazas debajo de la manga, porque no hay una unicidad de criterios. Hay jueces que opinan de una manera y otros, de otra.

¿La Administración pública y los gobiernos qué hacen?

Por parte de las autoridades vemos que se nos intentan abrir puertas, pero va despacio. Nos ofrecen la mano, por un lado, pero en muchas ocasiones se nos promete más de lo que realmente se nos da.

¿Se refiere al fondo de compensación?

Sí. Entre otras cosas, al fondo de compensación. Otra de las denuncias que nosotros hacemos es el listado de trabajadores afectados. Vemos que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer. Vemos buena voluntad por parte de algunas personas y organismos, pero el planteamiento de partida es erróneo, porque la elaboración del listado se hace en base de datos ofrecidos por las empresas, en muchas de ellas sin participación de los miembros del comité de empresa que son agentes fundamentales para realizar esas listas. Otro problema que se plantea es que personas que debieran de estar en las listas ya se han jubilado, por lo que las empresas han perdido sus datos, y quedan fuera. Son listados fundamentales para tener un seguimiento médico de los trabajadores para que, si llegan a contraer desgraciadamente una enfermedad, puedan conseguir un diagnóstico precoz para garantizar su salud.

Tampoco hay un seguimiento exhaustivo de las listas oficiales, según denuncian los propios trabajadores.

Así es. La primera pregunta que hacemos a quienes acuden a la asociación es si les han llamado como trabajadores afectados para el seguimiento y control médico. Como mucho suele ser una cita y queda todo ahí, según nos comentan. Se supone que tiene que ser un seguimiento anual, unos controles específicos de la salud. Con la crisis y la coyuntura económica actual me imagino que las respuesta es agarrarse a ese argumento para justificar que no se hacen los seguimientos médicos. Es una piedra en el camino.

¿Antes de la crisis ya se hacían?

No, tampoco. Así es. Veo que todavía para alcanzar los niveles de atención que se producen en otros países, donde hay ya un fondo de compensación, nos queda mucho por luchar y creo que la única forma de conseguir un posicionamiento efectivo por parte de las administraciones es plantear una posibilidad de corresponsabilidad en este tema. Esta circunstancia la venimos denunciando desde hace tiempo, si reconocen los tribunales que ya desde hace décadas se conocía el riesgo del amianto, ¿por qué la Inspección de Trabajo y los gabinetes de seguridad e higiene no hicieron nada, y miraron para otro lado? Creemos que también tiene una corresponsabilidad. Partiendo de eso, debemos exigir que tomen cartas en el asunto, asuman la responsabilidad y compensen a las víctimas por esa inacción.

Usted mejor que nadie sabe que el Tribunal Supremo ya ha establecido que desde 1940 se conocían los efectos dañinos del amianto, pero se sigue argumentando que era desconocido, incluso por la Inspección de Trabajo. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando oye o lee esos argumentos de algunos inspectores de trabajo?

Por nuestra experiencia, nos están dando una de cal y una de arena. Hablan de presencia de amianto en ciertos tipos sectores y de actividades, pero tampoco se implican demasiado a la hora de abordar esas investigaciones, es decir se limitan a recoger manifestaciones, argumentaciones de la empresa o de la parte que solicita el reconocimiento de la actividad, pero no se monja en acudir a las empresas para recoger documentación e investigar. Es la impresión que tenemos nosotras. Su postura es abrir un pequeño resquicio y que sea el propio afectado quien se lo pelee en un juicio con sus pruebas y argumentos. Creemos que la Inspección de Trabajo está para algo más que para eso, porque tiene armas y formas de acceder a ciertas cosas que un particular no puede.

¿Beneficia al empresario?

No diría eso. Lo que sí está claro es que al trabajador no se le facilitan demasiado las cosas. Tienes que tener el campo muy trillado y consolidado para conseguir bazas de apoyo de la Seguridad Social y de los jueces.

Qué destacaría de positivo en su trayectoria como abogada de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi?

Sobre todo, salvo excepciones, la solidaridad de los propios compañeros a la hora de prestarse a acudir como testigos en apoyo de la víctimas.

¿Lo más negativo?

De negativo, la postura de los letrados de la Seguridad Social que, ante la evidencia, muchas veces, siguen defendiendo las resoluciones que son contrarias a lo que están diciendo los tribunales. Hablo de lo que hemos comentado antes de la fechas desde que se sabía que el amianto era malo para la salud y que las empresas estaban obligadas a proteger a los trabajadores. Esa doctrina que decía que hasta el año 1982 no se conocía el peligro del amianto y no había ninguna obligación de proteger está superada, pero la Seguridad Social la mantiene en las resoluciones, en los informes y en los juicios con sus abogados, a pesar de que hay numerosas sentencias que dicen todo lo contrario. La Administración, por esa parte, más que ayudar pone zancadillas.

¿Es lo peor que se ha encontrado en su actividad?

Una de las peores, sí. Por parte de las empresas cada uno utiliza sus estrategias. Nunca se puede asegurar al cien por cien, pero tenemos sospechas de coacciones hacia testigos por el miedo y temor de que una condena puede afectar a la supervivencia de la empresa. Nos ha pasado en algún caso de tener que escuchar a compañeros que están en la empresa que no pueden ir de testigos por ese temor a las represalias de la empresa. Circunstancia que entiendo perfectamente.

¿Qué le parece el papel de las mutuas de judicializar todo?

Al final, aunque se supone que son entidades sin ánimo de lucro, están a lo que están y tienen sus médicos y juegan sus bazas. Van a por todas, y su estrategia es tapar, tapar y tapar en contra del trabajador.