El 2 de diciembre Txema Mendibil publicó en GARA un artículo, titulado «Valoración de la valoración de ELA», en referencia a la posición de este sindicato respecto a la propuesta de la Diputación de Gipuzkoa de reforma fiscal. Antes de nada, conviene señalar que el autor del artículo oculta su cargo, presidente del Tribunal Económico Administrativo de Gipuzkoa. Se identifica como «inspector de hacienda» y no como el cargo político que es, nombrado por el diputado general de Gipuzkoa a propuesta de la diputada de Hacienda.

¿Qué ha dicho ELA sobre esa propuesta fiscal? ELA ha denunciado que la Diputación de Gipuzkoa ha decidido su propuesta sin ningún tipo de participación formal. Esto, desde luego, es así en lo que se refiere a ELA, que remitió el 8 de septiembre a la Diputación de Gipuzkoa, como a las otras, un documento con propuestas a la acción de gobierno, incluidas las referentes a la fiscalidad. A su vez, solicitamos una reunión con Martín Garitano para tratar nuestras propuestas. La Diputación tardó más de un mes en llamar, y concertó una reunión cuando ya había remitido su propuesta al Órgano de Coordinación Tributaria y había decidido mandarla a Juntas Generales.

A lo que se ve, al firmante del artículo mencionado, no le preocupa que la Diputación decida sin ningún grado de participación social, o sin haber respondido siquiera a ELA (su sindicato), actuando en esta reforma fiscal como lo han hecho la Diputación de Araba o de Bizkaia. Oculta la falta absoluta de participación social, al decir que las propuestas «fueron presentadas a los agentes sociales con cierta urgencia», cuando realmente debía decir que fueron decididas sin participación ni debate social.

Respecto a los contenidos de la propuesta fiscal de la Diputación de Gipuzkoa, ELA plantea tres cosas:

En primer lugar, que es absolutamente insuficiente. Aumentaría la recaudación en 75 millones de euros, cantidad insignificante, si se compara con los aproximadamente 2.000 millones de euros que se deberían recaudar de más al año en Gipuzkoa para llegar a la presión fiscal media europea. Si se pone en duda nuestros datos, que son oficiales, que se aporten otros.

En segundo lugar, que la reforma de la Diputación de Gipuzkoa queda muy lejos de las propuestas de ELA. Destacan, entre otras, 3 diferencias sustanciales. La Diputación deja el Impuesto sobre Sociedades como está; no plantea medidas contra el fraude fiscal; y en el IRPF aumenta la progresividad solo para el 0,6% de los contribuyentes (es una modificación cosmética) y mantiene el desigual trato que se da a las rentas de trabajo y a las del capital. No se aproxima, ni de lejos, a la demanda del decálogo de la mayoría sindical, que reclamaba dar marcha atrás en las reformas fiscales aprobadas en los últimos años, y que fue apoyado por las fuerzas políticas que constituyen hoy en día Bildu.

En tercer lugar, que una reforma tan cicatera da cobertura a las políticas de recortes. Mantener la política fiscal en términos muy similares a los hasta ahora vigentes supone seguir apostando por recortes presentes y futuros, con sus graves consecuencias: más paro, desprotección social, recortes de prestaciones sociales, de derechos laborales y deterioro de servicios públicos esenciales (como la sanidad o la educación).

El artículo no desmiente nada de lo dicho por ELA. En todo caso trata de justificar por qué es así. Estamos asistiendo a una deriva cuando menos curiosa. En un inicio la propia Diputación de Gipuzkoa señalaba que su propuesta era de una escasa entidad. Sin embargo, ahora se va cambiando el discurso, hasta el punto de decir que «Gipuzkoa sería uno de los territorios más progresivos de Europa y del mundo en la imposición personal», o explicar que «el IRPF no recauda lo suficiente debido a las generosas exenciones y deducciones», olvidándose totalmente del fraude fiscal, o asumir que no se puede gravar por igual las rentas de capital y las rentas de trabajo.

Nada bueno hace presagiar esta huida hacia delante tratando de buscar diferencias de calado entre la propuesta de Gipuzkoa y las de las diputaciones de Bizkaia y Araba, o las del Gobierno de Nafarroa, o las de Zapatero. No es posible, con un mínimo rigor, decir que lo que propone Gipuzkoa es progresista y lo de los demás neoliberal. Hace falta sacar la lupa para ver las diferencias entre ellas.

Así, llegamos a la cuestión clave a nuestro modo de ver. Para ELA las propuestas son buenas o malas en función de sus contenidos, no por quienes las realizan. ELA considera, y lo dice, que la propuesta fiscal de la Diputación de Gipuzkoa es absolutemente inadecuada, tanto por las formas (nada respetuosas con la democracia participativa) como por el fondo.

Descalificar las críticas y negar el debate es algo a lo que estamos acostumbrados. ELA es una organización no subordinada a estrategias políticas partidistas y va a actuar ante las instituciones, sean del color político que sean, en función de los intereses de clase que representa, aunque haya quien no lo quiera entender.

ELA reivindica desde hace muchos años un cambio radical de la política fiscal, y lo exige ahora también. Vamos a seguir movilizándonos por ese cambio y a exigir a las diputaciones que abran este debate social. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué aliados busca la Diputación de Gipuzkoa si es verdad que quiere cambiar radicalmente el sistema fiscal? ¿El PSOE (con quien ha dicho que ha pactado una rebaja de los contenidos de su propuesta fiscal, sin dar información al respecto) o el PNV (con quien ha llegado a un acuerdo presupuestario)?

Nos gustaría que asumiendo las diferencias, las críticas, y aceptando que la presión social es fundamental para avanzar en esta dirección (la presión del poder económico siempre es aceptada), la Diputación de Gipuzkoa busque un trabajo en común con quienes queremos cambiar la política fiscal. Esta es una opción. Otra, sin duda mucho peor, es optar por no dar participación social a las organizaciones sindicales y satanizar a quienes defendemos ahora lo mismo que hace un año.