Después de una campaña electoral en la que apenas concretó nada, Mariano Rajoy explicó ayer parte de su programa de gobierno y, si bien es cierto que se guardó no pocos detalles, lo que anunció augura tiempos muy duros para los ciudadanos del Estado español. El objetivo de reducir el déficit en 16.500 millones de euros el próximo ejercicio y la advertencia de que todas las partidas son susceptibles de ser revisadas a la baja -a excepción de las pensiones, con las que quiso amortiguar el impacto de su discurso-, así como la reforma laboral y de la negociación colectiva, y los cambios propuestos en la administración, ponen al próximo presidente español en la senda que le han marcado los mercados antes incluso de tomar posesión. La entusiasta valoración que hizo de su discurso el presidente de la patronal madrileña es suficientemente ilustrativa.

No puede decirse, en cualquier caso, que los planes del líder del PP hayan sorprendido a nadie. Como presidente del principal partido de la derecha española todo lo que anunció -y lo que sin haberlo dicho en el pleno llevará igualmente a la práctica- era previsible, como no lo es que adopte ninguna medida en favor de los intereses de la clase trabajadora. Pero, además, Rajoy habló ayer como próximo mandatario de un estado que a efectos prácticos está intervenido por la UE y el FMI. Angela Merkel tiene en el próximo inquilino de la Moncloa el perfecto ejecutor de sus políticas, aunque Rubalcaba no habría hecho un discurso de investidura muy diferente si hubiera ganado las elecciones.

Uno de los pocos ámbitos en los que la canciller alemana no va a guiar los pasos de Madrid será el relacionado con Euskal Herria, y ahí, donde puede marcar un perfil propio y tiene oportunidad de hacer una aportación positiva, no dio ninguna pista. Rajoy anunció que suprimirá los puentes, pero la sociedad vasca le demanda que empiece a tender otros para que este pueblo pueda transitar hacia la paz y la democracia.