Una protesta pacífica realizada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Laudio hace ocho años con el fin de denunciar la ilegalización de opciones políticas, de momento ha desembocado, a raíz de una denuncia del PP, en el procesamiento de 17 vecinos de Laudio y dos de Amurrio, que serán juzgados en la Audiencia Nacional de Madrid con peticiones de 57 años por parte de la Fiscalía y de 76,5 por parte de la acusación particular. El hecho de que en este país desgraciadamente no sorprendan este tipo de procesos no quita un ápice de gravedad al asunto ni por ello deja de ser un verdadero disparate. Si este caso resulta incomprensible y a todas luces inadmisible en sí, al margen de cualquier situación social y política, en el estadio de cambio de escenario político actual, en el que unos agentes han dado clarísimos y decisivos pasos no solo de distensión, sino fundamentales para avanzar hacia el final de todo sufrimiento, aparece aún más claro el despropósito que supone no solo la posibilidad de que esos ciudadanos entren en prisión, sino incluso el mero hecho de que hayan sido procesados por pedir el respeto de algo tan elemental en un estado de derecho como son los derechos civiles y políticos. Este caso no hace sino justificar aún más la protesta de esos vecinos de Laudio y Amurrio, que han visto vulnerada también su libertad de expresión.