Los votos de UPN y PSN impidieron ayer en el Parlamento de Iruñea que prosperaran las enmiendas al proyecto de ley que regulará la renta básica, ahora llamada renta de inclusión social. Desde la oposición criticaron que con esta reforma miles de familias se van a quedar sin ningún sustento y que se va a producir una fractura social, una opinión que comparten muchos colectivos, como quedó de manifiesto con la protesta de la Plataforma en Defensa de la Renta Básica, que se saldó con la expulsión de sus miembros y de un parlamentario de Bildu.

El presidente del Parlamento, Alberto Catalán, quiso acallar así las críticas suscitadas por el proyecto pero, si bien es cierto que puede desalojar la Cámara, como hizo ayer, el eco de esa denuncia tiene cada vez más presencia en las calles, donde se están multiplicando las movilizaciones en contra de los recortes impuestos desde la administración. No solo en Nafarroa. En Gasteiz también hubo movilizaciones en favor de los derechos sociales y en contra de la política del Ejecutivo, coincidiendo con la votación de los presupuestos. Cuando la crisis está golpeando muy duramente a amplias capas de la sociedad, la mayoría de las instituciones, con los gobiernos de Lakua e Iruñea a la cabeza, han decidido que el coste de la misma recaiga sobre los trabajadores, los servicios públicos y los sectores más necesitados, y esta decisión política va a seguir teniendo respuesta, por mucho que intenten aplacarla.

Además, ese malestar social tiene hoy un importante reflejo institucional, ya que las elecciones municipales y forales dieron un gran impulso a quienes no solo apuestan por abrir un nuevo ciclo político en este país, sino que trabajan también por un modelo socioeconómico diferente. Las formaciones que en los últimos años han campado a sus anchas están sometidas ahora a un marcaje más estrecho, y quizá por ese motivo, en una muestra de impotencia, Catalán decidió expulsar de forma arbitraria a Víctor Rubio. Aunque también en este caso deberá resignarse a ver que sus maniobras caen en saco roto, porque la coalición de izquierdas seguirá llevando a los plenos las demandas de la calle.