El Gobierno foral de Gipuzkoa superó ayer definitivamente y por partida doble su primera gran prueba de fuego con la aprobación en Juntas de los Presupuestos para 2012 -746 millones, un 13% menos que en 2011- y de las nuevas normas fiscales. Lo hizo además con la aquiescencia -muy crítica, eso sí- de casi todo el arco parlamentario, con la excepción del PP.

Junto al respaldo de Aralar -bien en forma de abstención para los Presupuestos, bien en forma de voto afirmativo para la fiscalidad-, el Ejecutivo de Bildu alcanzó un acuerdo con el PNV para que la formación jeltzale no se opusiera a las cuentas, mientras que selló con el PSE las reformas del IRPF y otros tributos y la recuperación del Impuesto de Patrimonio.

Con todo el pescado vendido de antemano, cada formación utilizó la mañana para marcar territorio ante unos pactos que, como es lógico, no satisfacen a nadie al 100%.

Abrió la sesión el diputado general Martín Garitano, quien mostró su satisfacción por haber llegado a acuerdos con diferentes formaciones y consideró que los presupuestos se han enriquecido con las aportaciones de PNV y Aralar, manteniendo al mismo tiempo la filosofía de Bildu.

Un nuevo foro

Garitano hizo referencia a la partida de 8 millones pactada con los jeltzales como impulso a las empresas, puntualizando que «eso no nos sacará de la crisis», aunque puede ayudar. No obstante, apostó por crear un nuevo marco que reúna a compañías, sindicatos y otros agentes, y rechazó que ese foro pueda ser Gipuzkoa Aurrera.

En cuanto a los residuos, recordó que el pacto da a todas las partes seis meses de margen para consensuar una solución, pero dejó claro que para Bildu «la incineradora es quemar dinero» independientemente de su tamaño.

Por ello, planteó la necesidad de «escuchar a los ayuntamientos» y de analizar cuánta basura se produce, cómo producir menos, cómo reciclar el máximo posible y qué hacer con la parte restante. «Sabemos que nadie quiere incinerar, pero algunos pensáis que no hay otra solución. Creemos que sí, os convenceremos y será bueno para toda Gipuzkoa», aseveró.

En cuanto a otros temas puestos sobre la mesa en las negociaciones, Garitano se preguntó «de dónde sacamos el dinero. ¿Quitamos del mantenimiento de las carreteras actuales para hacer nuevas?».

La «tentación» de Olano

Tras la votación llegó el turno de los grupos y se desató la tormenta. Markel Olano (PNV) se declaró enfadado por el discurso «torpe» y «desleal» de Garitano y aseguró que su partido había estado tentado de romper el acuerdo y posicionarse en contra de los Presupuestos.

El portavoz jeltzale equiparó al diputado general con el lehendakari Patxi López por «no haber presentado un programa de gobierno» y acusó a Bildu de haber dedicado los primeros seis meses de legislatura a responsabilizar de la actual situación al anterior Ejecutivo foral presidido por él. Olano argumentó que el ratio de deuda heredado por Garitano ha sido el más bajo de entre Lakua y las tres diputaciones.

En cuanto los residuos, consideró que el acuerdo entre Bildu y el PNV «ha creado tensión en la izquierda abertzale» y es de «difícil digestión», por lo que a su juicio Garitano empleó su discurso para «cerrar filas» y «quedar bien con su gente».

Olano subrayó que han sido cuarenta alcaldes, no ayuntamientos, los que se han posicionado a favor del puerta a puerta, y adelantó que con la composición actual de las corporaciones este sistema no se aprobará en «más del 60%» de los municipios. «No lo queremos, lo demás es un relato de ficción», sentenció.

El representante del PNV afirmó que «si nosotros hubiésemos imitado la actitud de Bildu no habría Presupuestos», pero que «tumbarlos sería una irresponsabilidad por la complicada situación económica».

Preguntado al respecto una vez terminado el debate, Garitano defendió que su discurso había sido «respetuoso» con el resto de partidos e insistió en que tratarán de convencer «desde la realidad» de que la incineración no será necesaria.

Las cuñas del PSE

La portavoz del PSE, Rafaela Romero, arremetió contra los Presupuestos y se empleó a fondo en tratar de meter cuñas entre Bildu y el PNV, resaltando sus discrepancias y advirtiendo a los jeltzales de que «han apoyado el `no' a todos los proyectos estratégicos de Gipuzkoa».

A su juicio, Garitano «menosprecia» el «balón de oxígeno» ofrecido por los jeltzales, quienes «no sabían lo que firmaban».

A la hora de justificar su acuerdo con Bildu en materia fiscal, Romero se refugió en que su postura «va mucho más allá» y busca «asegurar un sistema de bienestar vasco».

Juan Carlos Cano (PP) indicó que la gestión de la Diputación «es el mayor apagón creativo en el apartado de impulso económico, generación de riqueza y empleo conocido», mientras que Rebeka Ubera (Aralar) argumentó que su «abstención crítica» es un «voto de confianza en una situación difícil que requiere actuar con responsabilidad».

El Parlamento navarro vivió una intensa mañana con la aprobación de la reforma fiscal y de la nueva Ley de Inclusión Social. Este último punto originó una protesta desde la tribuna del público, donde algunas personas alzaron cartulinas con lemas en defensa de la renta básica e interrumpieron el discurso de la consejera de Política Social, Elena Torres (PSN).

Los parlamentarios de NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra se sumaron a la iniciativa con unos carteles similares. El presidente de la Cámara, Alberto Catalán, reclamó «respeto a los representantes del pueblo de Navarra» pero, viendo que la protesta continuaba, ordenó la expulsión del público y del electo de Bildu Bittor Rubio.

Tras unos minutos de receso, el portavoz de la coalición, Maiorga Ramírez, reclamó a Catalán que reconsiderara su decisión, que tachó de «antidemocrática, arbitraria e improcedente». El presidente del Parlamento no dio su brazo a torcer, pese a que Patxi Zabaleta (NaBai) le recordó que «todos los Parlamentos son su- jetos y objetos de tipos de actuaciones así».

El resto de parlamentarios de Bildu optó por abandonar el hemiciclo, si bien retornaron para votar. La coalición remitió una nota insistiendo en la «arbitrariedad» de la expulsión, puesto que Rubio se limitó a tomar parte, al igual que el resto de parlamentarios de la oposición -salvo los del PP- en «una protesta pacífica contra la Ley que suprime derechos sociales a los más desfavorecidos de nuestra sociedad».

UPN tildó de «improcedente, lamentable y fuera de lugar» lo acontecido, mientras que el PSN expresó su «tajante condena» ante unos hechos que, a su juicio, «denotan un desprecio hacia nuestro sistema democrático».

Antes de comenzar la sesión, dos centenares de personas ya habían expresado su malestar en el exterior secundando la concentración convocada por la Iniciativa Popular por unos Presupuestos Participativos y Sociales.

Rechazo a las enmiendas

Las protestas no hicieron mella en la determinación de UPN y PSN, que tumbaron las cinco enmiendas a la totalidad: dos de NaBai y una respectivamente de Bildu, PP e I-E. Torres defendió las modificaciones aferrándose a supuestos casos de fraude y al efecto llamada de la legislación vigente hasta la fecha. Entre los nuevos requisitos se exige residir legalmente en el Estado español y estar empadronado en Nafarroa durante 24 meses, frente a los 12 que se exigían hasta ahora.

Xabier Lasa (NaBai) acusó al Gobierno de «buscar la estabilidad presupuestaria a costa de los derechos sociales». Bikendi Barea (Bildu) se preguntó qué va a suceder con todas las familias que se quedan fuera de los parámetros fijados, mientras que Txema Mauleon (I-E), denunció que con la nueva regulación «miles de familias se van a quedar sin sustento».

El portavoz del PP, Enrique Martín de Marcos, indicó que el nuevo texto contiene «una importante erosión de los derechos sociales», ya que «excluye a personas en situación de desempleo que han agotado el cobro del paro y otros subsidios».

Reforma fiscal

UPN y PSN también utilizaron su mayoría para sacar adelante el proyecto de ley que reforma diversos impuestos y que recupera el Impuesto de Patrimonio. La única enmienda de la oposición aprobada fue una de I-E en la que se plantea que a partir del 1 de enero tributen en el IRPF como rentas del trabajo todas las cantidades que los cargos públicos reciben de las instituciones de las que son miembros.

Entre las modificaciones figura elevar del 18% al 19% el tipo de gravamen para las rentas del ahorro en el tramo que va desde 0 hasta 6.000 euros. También se modifica la deducción por trabajo, que pasa a ser menor para las rentas entre 9.100 y 17.000 euros.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio, que se aplica con carácter retroactivo para el presente ejercicio, el mínimo exento queda fijado en los 700.000 euros, mientras que la cuantía máxima exenta por vivienda habitual se sitúa en 300.000 euros.

Respecto al Impuesto de Sociedades, el importe de la dotación de la reserva especial para inversiones se reduce de 150.000 a 90.000 euros, con el fin de que aumenten los sujetos pasivos que pueden acogerse a ese beneficio.