El viceconsejero de Planificación y Empleo del Gobierno de Gasteiz, Javier Ruiz, el director general de Lanbide, Javier Ramos, y el director de Formación y de la Renta de Garantía de Ingresos de Lanbide, Pedro Sánchez, afirmaron que la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos se realiza «con normalidad» en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo. Destacaron que «todos las personas percibirán las nóminas, a nadie se le dejará de pagar» y recordaron que hasta enero las diputaciones tienen plazo para enviar los expedientes para que puedan ser revisados por el personal de Lanbide.

Aunque trataron de eludir el colapso que se produjo en la sede central de Lanbide en Gasteiz, al final, culparon al Ayuntamiento de la capital de Araba de haber tenido que echar la persiana a comienzos de semana con la llegada masiva de demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de Ayudas de Emergencia Social, porque «cerraron la única oficina del Ayuntamiento y en un cartel explicaron a los afectados que se dirigieran a la oficina central de Lanbide en la calle José Atxotegi», expresó Ruiz. También dijo que «por veinte minutos, no se puede hablar de colapso».

Tres errores

A juicio del viceconsejero, se produjeron tres errores graves. «Desconocimiento de la situación, porque se les ha comunicado a todos los ayuntamientos y diputaciones el proceso a seguir, en primer lugar; que Lanbide, en segundo lugar, tiene dos oficinas en Gasteiz, y no sólo una; y que, en tercer lugar, a las personas no se les atiende sin cita previa».

Javier Ruiz, Javier Ramos y Pedro Sánchez mantuvieron al unísono que «sólo se cerró durante 20 minutos la oficina, por cuestiones de seguridad el pasado 29 de diciembre». Sin embargo, GARA ha contrastado que, al menos, esa situación se reprodujo en dos días y durante más del tiempo que argumenta la dirección de Lanbide. De hecho, sirvió para que algunos de quienes estaban esperando, se marcharan y no hicieran la gestión a la que habían acudido.

Pedro Sánchez, director de Formación y de la Renta de Garantía de Ingresos, rechazó en todo momento que ese organismo haya actuado con precipitación y recordó que «enviamos información a los ayuntamientos y diputaciones para que supieran cómo actuar en cuanto Lanbide acogiera las competencias». Añadió que ese proceso se lleva realizando desde el año 2009, como corroboró el viceconsejero Javier Ruiz.

Ruiz, sin embargo, quiso quitar hierro al asunto y destacó el comportamiento adecuado de las diputaciones forales, aunque un día antes la dirección de Lanbide acusó a la de Gipuzkoa de haber llevado a cabo «actuaciones unilaterales por su ausencia de coordinación técnica y probable falta de voluntad política». La institución foral guipuzcoana anunció por medio de un comunicado que pagará la nómina de los afectados para evitar retrasos en su percepción por los colapsos del sistema.

Javier Ramos, director de Lanbide, ofreció datos de atención pormenorizada del sistema de atención personalizada, bajo cita previa. En este sentido, el viceconsejero de Planificación recordó que están trabajando 270 orientadores en las oficinas de atención y más de 300 administrativos en las 43 oficinas de Lanbide para activar el proceso.

«Lanbide ha aumentado su plantilla en un 30% precisamente para hacerse cargo del tema de las prestaciones sociales», precisó el viceconsejero. Recordó, por último, que tienen seis meses para renovar y comprobar los expedientes de las personas que demandan ayudas sociales y admitió que ese proceso será riguroso para evitar posibles fraudes.