debates presupuestarios

Catalán expulsa a un parlamentario de Bildu por defender la renta básica

GARA | IRUÑEA

El Parlamento navarro vivió una intensa mañana con la aprobación de la reforma fiscal y de la nueva Ley de Inclusión Social. Este último punto originó una protesta desde la tribuna del público, donde algunas personas alzaron cartulinas con lemas en defensa de la renta básica e interrumpieron el discurso de la consejera de Política Social, Elena Torres (PSN).

Los parlamentarios de NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra se sumaron a la iniciativa con unos carteles similares. El presidente de la Cámara, Alberto Catalán, reclamó «respeto a los representantes del pueblo de Navarra» pero, viendo que la protesta continuaba, ordenó la expulsión del público y del electo de Bildu Bittor Rubio.

Tras unos minutos de receso, el portavoz de la coalición, Maiorga Ramírez, reclamó a  Catalán que reconsiderara su decisión, que tachó de «antidemocrática, arbitraria e improcedente». El presidente del Parlamento no dio su brazo a torcer, pese a que Patxi Zabaleta (NaBai) le recordó que «todos los Parlamentos son su-   jetos y objetos de tipos de actuaciones así».

El resto de parlamentarios de Bildu optó por abandonar el hemiciclo, si bien retornaron para votar. La coalición remitió una nota insistiendo en la «arbitrariedad» de la expulsión, puesto que Rubio se limitó a tomar parte, al igual que el resto de parlamentarios de la oposición –salvo los del PP– en «una protesta pacífica contra la Ley que suprime derechos sociales a los más desfavorecidos de nuestra sociedad».

UPN tildó de «improcedente, lamentable y fuera de lugar» lo acontecido, mientras que el PSN expresó su «tajante condena» ante unos hechos que, a su juicio, «denotan un desprecio hacia nuestro sistema democrático».   

Antes de comenzar la sesión, dos centenares de personas ya habían expresado su malestar  en el exterior secundando la concentración convocada por la Iniciativa Popular por unos Presupuestos Participativos y Sociales.

Rechazo a las enmiendas

Las protestas no hicieron mella en la determinación de UPN y PSN, que tumbaron las cinco enmiendas a la totalidad: dos de NaBai y una respectivamente de Bildu, PP e I-E. Torres defendió las modificaciones aferrándose a supuestos casos de fraude y al efecto llamada de la legislación vigente hasta la fecha. Entre los nuevos requisitos se exige residir legalmente en el Estado español y estar empadronado en Nafarroa durante 24 meses, frente a los 12 que se exigían hasta ahora.

Xabier Lasa (NaBai) acusó al Gobierno de «buscar la estabilidad presupuestaria a costa de los derechos sociales». Bikendi Barea (Bildu) se preguntó qué va a suceder con todas las familias que se quedan fuera de los parámetros fijados, mientras  que Txema Mauleon (I-E), denunció que con la nueva regulación «miles de familias se van a quedar sin sustento».

El portavoz del PP, Enrique Martín de Marcos, indicó que el nuevo texto contiene «una importante erosión de los derechos sociales», ya que «excluye a personas en situación de desempleo que han agotado el cobro del paro y otros subsidios».

Reforma fiscal

UPN y PSN también utilizaron su mayoría para sacar adelante el proyecto de ley que reforma diversos impuestos y que recupera el Impuesto de Patrimonio. La única enmienda de la oposición aprobada fue una de I-E en la que se plantea que a partir del 1 de enero tributen en el IRPF como rentas del trabajo todas las cantidades que los cargos públicos reciben de las instituciones de las que son miembros.

Entre las modificaciones figura elevar del 18% al 19% el tipo de gravamen para las rentas del ahorro en el tramo que va desde 0 hasta 6.000 euros. También se modifica la deducción por trabajo, que pasa a ser menor para las rentas entre 9.100 y 17.000 euros.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, que se aplica con carácter retroactivo para el presente ejercicio, el mínimo exento queda fijado en los 700.000 euros, mientras que la cuantía máxima exenta por vivienda habitual se sitúa en 300.000 euros.

Respecto al Impuesto de Sociedades, el importe de la dotación de la reserva especial para inversiones se reduce de 150.000 a 90.000 euros, con el fin de que aumenten los sujetos pasivos que pueden acogerse a ese beneficio.