Un curriculum de armas vender: Pedro Morenés es vizcaíno de Getxo, procedente de una de las grandes familias burguesas de Las Arenas (segundo hijo del vizconde de Alerón y nieto de los condes del Asalto, grandes de España), es poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y hasta hace poco ha sido presidente del elitista Club Puerta de Hierro madrileño y secretario general del Círculo de Empresarios.

Por lo que respecta a su trayectoria en la Administración, de la mano de los gobiernos de Aznar fue secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000 (era ministro Eduardo Serra), secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002 (a las órdenes de Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy) y secretario de Estado de Ciencia y Tecnología 2002 a 2004 (con Josep Piqué como ministro). Y aparte de todo ello (o gracias a ello), llega ahora a la titularidad del Ministerio de Defensa tras acumular en los años posteriores a sus cargos administrativos un extenso currículo en buena parte de las empresas que componen el mercadeo de la muerte que constituye la industria de armamento.

Así, desde mediados de 2005 y hasta hace pocos meses ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente deleznables, como por ejemplo las llamadas «bombas racimo», sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por 107 países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. Algo que no debió gustar a la empresa representada por Morenés, ya que recientemente ha reclamado al Gobierno español una «compensa- ción de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante» (``Cinco Días 09-05-2011'') por dejar de producirlas. Podemos imaginar qué pensará, por ejemplo, la población civil libia que ha sido uno de los «objetivos» contra los que (según denunciaba ``The New York Times'' el pasado 15 de abril) se han utilizado las «bombas racimo» MAT-120 fabricadas por la empresa aragonesa que representaba el actual ministro de Defensa, y que exporta sus criminales producciones a más de 90 ejércitos.

No obstante, al actual ministro de Defensa, sin duda un «hombre de armas tomar» (para luego venderlas, se supone), no le debía parecer suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se decidió a compatibilizar su cargo en Instalaza con el de presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA.

Esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles al Gobierno español del que ahora forma parte Morenés; uno primero de casi 28 millones de euros por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque Tigre, y un segundo contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los ejemplares españoles del llamado «avión de combate europeo».

Este programa sigue actualmente en vigor, con lo que Morenés tendrá que abonar la cuenta a sus hasta ahora compañeros de empresa (o no, ahora entramos en ello). También se ven favorecidos unos antiguos vecinos de Morenés, ya que la vizcaína empresa SENER (ubicada en Las Arenas, casualidades) es responsable del diseño y producción del sistema de actuación y control del misil contratado por Defensa.

Pero no pensemos que esta «casualidad» es el único contacto de Morenés con los mercaderes de la muerte made in Euskadi. El nuevo ministro de Defensa ha formado parte también del Consejo de Administración de SAPA, la guipuzcoana empresa de la familia del presidente de la Rea Sociedad, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate (participa en el programa del Leopard, impulsado en tiempos de Morenés), cañones y otro elementos de artillería. En su consejo coincidía con otro de sus amigos del Club Puerta de Hierro, Enrique Falcó y Carrión, también miembro de la «nobleza» por ser conde de Elda.

Tampoco acaban aquí las relaciones de Morenés con la industria de la muerte. Ha sido hasta ahora presidente de la empresa KuitVer Estudios SL, especializada en I+D+i, y que se define como «asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las personas que lo gestionan». Y si algo conoce Morenés por dentro es el sistema y las personas que gestionan los recursos del Ministerio de Defensa, o los de Interior (ya hemos comentado sus cargos en esos ámbitos). Por eso, seguro que estarán encantados de su nombramiento algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de KuitVer, en concreto los ligados al sector de Seguridad y Defensa, como INDRA, Instalaza, INTA, Amper, Ariex Complex... o las vascas SENER, SAPA-Placencia, ITP o Aernnova, es decir, lo más granado de la vergonzante industria militar vasca.

Por si fuera poco todo ello, en el caso de Morenés se demuestra que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los entresijos de los Ministerios de Interior y Defensa por los que ha pasado. Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como presidente y consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, que, por cierto, en los últimos tres años ha recibido adjudicaciones de contratos (algu- nos aún en vigor) por valor de más de cuatro millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias... del Ministerio de Defensa. Es asimismo la empresa de seguridad privada contratada para los atune- ros vascos en el Océano Índico.

Impulsor del tremendo derroche militar: una deuda de más de 30.000 millones de euros:

El pasado 13 de agosto, ``El País'' publicaba que «Defensa renegocia 26.000 millones en armamento que no puede pagar». La noticia hacía referencia a un mecanismo de financiación puesto en marcha a finales de los 90, que buscaba no contabilizar como gasto militar lo derrochado en los grandes programas de armamento.

El mecanismo consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses, con la finalidad de que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción. Cuando Defensa recibiera el armamento debía realizar el pago a las empresas, y entonces éstas devolver los anticipos a Industria.

Con ese procedimiento, como señala Constantino Méndez -hasta hace unos días secretario de Estado de Defensa- en un reciente informe sobre la situación financiera presupuestaria de los programas especiales de armamento que han generado esa deuda, «el proceso seguido se ha desarrollado de forma incoherente y poco planificada, sobre la base de un modelo obsesionado en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a su sostenimiento posterior. Un modelo que creó una ilusión financiera totalmente alejada de la senda de gasto que los presupuestos de Defensa podían y pueden soportar, un modelo alejado de la disciplina propia del gasto público».

«Esa falta de disciplina -añade el informe de Méndez- es la causa central de los problemas analizados y está referida a un tiempo concreto: el periodo que va desde el año 1997 al año 2004 en el que se generan más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y futuro».

Pues bien, cabría preguntarse quién ha sido el responsable directo de lo que el secretario de Estado de Defensa cesante califica tan duramente. Y parece lógico responderse que el secretario de Estado de Defensa que lo puso en marcha en 1997... Efectivamente, Pedro Morenés Eulate, actual ministro de Defensa. El fue quien impulsó los principales programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter, carro de ccombate Leopard y fragatas F-100), cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y para acabar de rizar el rizo, desde 2002 a 2004 siguió aprobando nuevas partidas a las empresas de armamento a través del sistema por él impulsado, pero ahora desde su cargo de secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, que sustituía al Ministerio de Industria.

Claro está que cuando Morenés presentaba en el Congreso ese «mecanismo de financiación» para ponerlo en marcha en los presupuestos de 1997, lo hacía como si fuera a ser la panacea: «Este acuerdo entre Defensa y Industria permitirá a la primera iniciar inmediatamente programas que, de otra manera, deberían posponerse con incidencias desde el punto de vista de la operativa militar (...) En las actuales circunstancias de austeridad presupuestaria, el Ministerio de Defensa debe ser capaz de arbitrar soluciones a los problemas de modernización de las Fuerzas Armadas en paralelo y como parte fundamental del proceso de profesionalización. En ese entorno es a lo que se debe la participación del Ministerio de Industria (...)»

Estas apreciaciones de Morenés chocan de frente con lo declarado por el citado Constantino Méndez en una comisión parlamentaria el 6 de octubre de 2010, cuando afirmó que «no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».

Pero la auténtica carrera armamentística impulsada por Morenés no terminó ahí. Él fue también quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización (vendiendo terrenos que en su día expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber vuelto) a la adquisición de más armamento. Así, en la presentación de los presupuestos para 1997 afirmaba que «en cuanto a la Gerencia de Infraestructura, deseo manifestarles que es firme voluntad del Ministerio y del Gobierno dar una agilización a sus procedimientos que permita una mejor gestión del patrimonio inmobiliario de Defensa. En ese sentido, se ha introducido en la ley de acompañamiento al presupuesto una disposición mediante la cual se per- mitirá destinar fondos provenientes de la gestión inmobiliaria de la Gerencia de Infraestructura no solamente a infra- estructura, sino también a modernización del armamento y material de los Ejércitos».

Esta nueva operación de financiación de la carrera armamentística se calcula que ha supuesto en estos años otros más de 3.000 millones de euros para nuevas compras de armamento.

Con todo el dineral que, gracias a las gestiones de Pedro Morenés, hemos visto derrochado en gasto militar para la adquisición de nuevo armamento, aun a costa de vaciar las arcas públicas, ¿cómo no iba a encontrar a su salida de la Administración a numerosas empresas de armamento dispuestas a incluirle en sus consejos de aministración?

Concluyendo

El nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro deja claras una serie de graves cuestiones. En primer lugar, la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado, responsable en buena medida de una serie de medidas que han supuesto esquilmar las arcas del Estado en una tan absurda como obscena carrera armamentística con multimillonarias partidas a empresa de armamento, tras su dimisión pase a formar parte de los consejos de administración de empresas precisamente de ese sector. Y que luego, en un increíble camino de vuelta, pase de nuevo a presidir un ministerio que va a conceder nuevas partidas millonarias a las empresas del sector entre las que se encuentran las que le han tenido en sus consejos de administración.

Pero, mucho más grave aún. ¿Cómo se puede entender que se premie con el nombramiento como ministro del ramo a uno de los principales responsables de un colosal despilfarro en gasto militar que ha generado una deuda de más de 30.000 millones de euros, el doble de lo que dice el Gobierno español que ha de recortar en gastos -principalmente sociales- para hacer frente al déficit público?

No tenemos respuesta a ello. Lo que sí sabemos es que queda claro que uno de los principales generadores de la crisis económica con la que ahora intentan someter y rebajar todos nuestros derechos sociales y laborales son los gastos militares y su consecuencia necesaria: la criminal carrera de armamentos que éste financia. Si acaban de nombrar ministro a uno de sus impulsores, podemos temernos lo peor para los próximos cuatro años.